CCOO de Sevilla ha llamado la atención sobre la "dejadez" mostrada por el conjunto de administraciones, en sus respectivos ámbitos de competencia, tras haberse constatado que "las prácticas de explotación de trabajadores y trabajadoras y el fraude a la Seguridad Social son generalizados en el campo sevillano".

La secretaria general del Sindicato Provincial Agroalimentario de CCOO de Sevilla, Mónica Vega, ha recordado en un comunicado la importancia de terminar de una vez por todas con esta situación en un sector al que pertenecen más de 130.000 trabajadores y trabajadoras en la provincia de Sevilla y en el diariamente "el 50 por ciento de las peonadas no son declaradas por parte de los empresarios".

Vega ha recordado que el año anterior se detectaron infracciones administrativas o apertura de procedimientos penales "en el 100% de los casos denunciados por CCOO ante la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil".

La responsable sindical denuncia que no se haya incorporado nuevos recursos y medidas eficaces para luchar contra esta lacra. "Pareciera que el Gobierno central no estuviese interesado en frenar esta situación de esclavitud en el campo, que es impropia de una sociedad democrática", lamenta Vega, que además subraya que "así se mantiene intacto el fraude en el campo sevillano que, además, reduce la recaudación de la seguridad social".

Vega ha evidenciado que "ni Junta ni Diputación ni la mayor parte de los ayuntamientos afectados hacen otra cosa que constatar la situación y mirar hacia otro lado".

Mónica Vega destacó que en la campaña actual del verdeo en Sevilla, aunque se prevea una recolección ligeramente inferior a la del año anterior, "habrá mayores beneficios empresariales por la subida del precio de origen del aceite y la mayor comercialización de la aceituna de mesa".

La sindicalista ha advertido que "vamos a continuar denunciando cada caso de fraude y explotación que detectemos y hay algunos grupos empresariales del sector que parecen haberse apuntado a las subcontratación de labores con la pretensión de permitir que sean los empresarios piratas quienes hagan el trabajo sucio y paguen miserias, además de subastar las peonadas". Vega advirtió que "hay marcas de renombre que no podrán lamentarse luego si su reputación queda en entredicho por permitir estas prácticas en su cadena de producción". La sindicalista ha remarcado que "en estos casos de explotación son corresponsables tanto la empresa subcontratada como la empresa matriz que lo permite".