Unión, Progreso y Democracia (UPyD) defenderá una moción en el próximo Pleno de la Diputación segoviana para que esta se persone en las dos causas judiciales abiertas sobre la extinta Caja Segovia, una de ellas vinculada a las retribuciones millonarias de los directivos y otra al denominado 'caso Navicoas', por el que quedó hipotecado el emblemático Torreón de Lozoya.

La formación magenta presentó una propuesta en el mismo sentido en el Ayuntamiento de Segovia, aunque no consiguió el acuerdo del plenario para sacarlo adelante.

En el texto de la nueva moción, el portavoz de UPyD en la Diputación, Juan Ángel Ruiz, recuerda que hace casi cuatro años su partido inició la vía judicial para exigir transparencia y depurar responsabilidades por lo que denomina el "expolio de la Caja".

Según defiende la formación, ocho directivos se aseguraron 34 millones de euros a través de prejubilaciones y planes de pensiones sin que los miembros del Consejo de Administración, del que formaban parte miembros del PP y el PSOE, lo impidieran.

En sus dos últimos años de vida la entidad de ahorros perdió un 60 por ciento de su patrimonio neto y nació después la Fundación Caja Segovia, heredera de la Obra Social, con una hipoteca sobre su principal inmueble, el Torreón de Lozoya, además de otros, lo que causó un "enorme perjuicio" para el desarrollo de Segovia.

UPyD advierte de que, en plena crisis, para posibilitar la jubilación de los directivos, todos a la vez y con independencia de la edad, se hicieron las modificaciones necesarias al plan de prejubilación. Además, asegura que los planes de pensiones y prejubilaciones estaban en un principio condicionados al cumplimiento de objetivos de crecimiento de la entidad, "pero con las prisas y ante el panorama que se avecinaba todo valió".

Asimismo, indica que el último día de existencia plena de Caja Segovia antes de su integración en Bankia, el 31 de diciembre de 2010, se enviaron cuatro pólizas a una entidad de seguros por valor de 27 millones. A su juicio, todo apunta a que las pólizas correspondían a las de los ocho directivos, a los que "se premió en vez de hacerles rendir cuentas por su nefasta gestión de los dos últimos años".

El partido de Herzog hace hincapié en que todo ello requirió autorización previa de los consejeros. "Ellos no eran condición suficiente pero sí condición necesaria. Y sin ellos nada habría pasado", puntualiza UPyD, que critica que los políticos miembros del Consejo no evitaran el "abuso" como era su misión puesto que cobraban dietas cada vez que se reunían —un millón de euros entre 2006 y 2011—.

Labor de control

La formación magenta lamenta que la labor de control no supusiera en la Caja tensión alguna y afirma que, de hecho, directivos y consejeros hicieron viajes todos juntos por todo el mundo.

UPyD censura que no haya habido dimisión alguna por esta causa. Así, recuerda que la diputada del PP Beatriz Escudero o el senador 'popular' Javier Santamaría siguen en sus puestos, al igual que el vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y el portavoz del PP en esta Institución, José Luis Sanz Merino.

Tampoco, dice, ha trascendido noticia alguna sobre la apertura de expedientes internos en casos como el del expresidente de Caja Segovia Atilano Soto, al que sin embargo algunos consejeros denunciaron a título personal en el Juzgado, ni el del exvicepresidente Manuel Agudíez, para conocer los detalles del asunto y proceder en su caso a sancionar disciplinariamente.

"Todo debería haber sido contado por quienes fueron testigos directos y corresponsables del expolio, los propios consejeros vinculados a la Caja en virtud de su cargo, aunque ello supusiera reconocer el daño causado por su acción o inacción y actuar en consecuencia. Todavía hoy, y por eso nuestro Grupo presenta esta moción, quienes defienden las mismas siglas que aquellos, políticos honestos del PP y el PSOE, pueden reaccionar y devolver a los políticos la imagen de servicio público que la mayoría realmente tiene", señala UPyD en su moción.

El partido concluye que la justicia determinará si hubo o no delito, aunque considera que desde una institución como la Diputación, que representa los intereses de todos los segovianos, incluidos quienes sufrieron un perjuicio "por la falta de diligencia de políticos que representaban las mismas siglas que quienes hoy están en el Pleno", debe ejercerse una acción contundente para la depuración de responsabilidades y para evitar que el reparto de 17 millones aún pendiente no llegue a consumarse.

"El que los casos estén en los juzgados no puede servir de excusa para no personarnos como institución. Más bien al contrario. El que las denuncias hayan sido admitidas y haya imputados nos debe animar a exigir una aclaración de lo sucedido y, sobre todo, luchar por un dinero que era de los segovianos y debe seguir siendo", agrega.