El Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Extremadura exige —a través de una propuesta de impulso registrada en la cámara regional— a la Junta que se posicione "claramente en contra" del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, conocido como TTIP por sus siglas en inglés, que negocian la Unión Europea y Estados Unidos.

Este acuerdo, que se está trabajando "a espaldas de la ciudadanía", representa según apunta en nota de prensa dicha formación "un peligro para la democracia y para la protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de determinadas compañías al interés general".

Así lo expondrá la diputada autonómica de Podemos Irene de Miguel, que participa esta mañana en la Asamblea en unas jornadas organizadas por CCOO en las que se evalúa de qué manera se podría ver "afectada" la sostenibilidad del sistema agroalimentario extremeño si sale adelante el TTIP.

Podemos Extremadura recuerda que el PSOE de Extremadura llevó en su programa electoral su "apoyo" para lograr un acuerdo trasatlántico de inversiones y comercios con Estados Unidos, "obviando las repercusiones que podría tener para la ciudadanía y la agricultura extremeña".

Estudio independiente

La propuesta de impulso presentada por Podemos en la Asamblea exige también que se encargue un estudio "independiente" que evalúe los costes e implicaciones concretas de este acuerdo para la población extremeña y sus sectores productivos.

Entiende al respecto que "los cambios legislativos que se puedan derivar de estos acuerdos podrían tener implicaciones importantes sobre las competencias autonómicas".

Con esta petición, la Asamblea de Extremadura debatirá, a instancia de Podemos, las "repercusiones reales" del TTIP en la región.

Añade al respecto que uno de los objetivos "básicos" del TTIP es la "liberación total" de los servicios públicos, lo que pone en "peligro" a su juicio "todos los servicios y contrataciones públicas, en todos los ámbitos administrativos, así como la capacidad y el margen de maniobra real de los representantes públicos democráticamente elegidos para administrar las entidades y desarrollar las políticas locales de acuerdo al interés general".

El Grupo Parlamentario solicita además al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno central la "suspensión" de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales "similares", y al de Hacienda que se mantengan el carácter "público" de llamados "servicios sociales útiles".