La Fiscalía Provincial de Córdoba señala que se ha producido "un incremento sustancial" en la tramitación de diligencias de investigación penal en la sección sobre delitos económicos, con "un auge" de los asuntos relativos a actuaciones de ayuntamientos y entes públicos.

Así se recoge en la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía referida al año 2014, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se destaca que algunos de dichos asuntos son derivados de actuaciones remitidas por el Tribunal de Cuentas y, en su mayoría por la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda.

Además, señala que "se continúa, entre otros, con la investigación de los llamados 'fraudes carrusel', a través de empresas a veces ficticias, domiciliadas en Portugal y Francia o en otros países comunitarios".

Entretanto, se apunta que en las memorias de las fiscalías provinciales "se constata la tramitación de algunos procedimientos de gran trascendencia y complejidad, incluso desde el punto de vista mediático, generalmente relacionados con fraudes de subvenciones".

Asimismo, la Fiscalía Provincial destaca "la dificultad para tratar con criterios uniformes asuntos de gran complejidad", todo ello debido a "la no creación de la sección correspondiente", sobre delitos económicos —que sí tienen las fiscalías de Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería—, así como "al aumento significativo de asuntos y su dificultad técnica".

Los grupos "fuertemente ideologizados"

Por otra parte, en la memoria se indica que la Fiscalía de Córdoba "mantiene relaciones con los cuerpos policiales", principalmente con la Brigada Provincial de Información, cuyos miembros despliegan una labor de comunicación con la Fiscalía respecto de cuantos asuntos consideran que han de ser objeto de especial seguimiento.

En concreto, alude al seguimiento sobre "actividades detectadas protagonizadas por grupos fuertemente ideologizados, que mantienen una cierta actividad política en la capital, no exenta de incidencias en el ámbito del orden público", según el Ministerio Público.

En este sentido, se ha sugerido a los mencionados cuerpos policiales, "como otra forma de colaboración, la identificación de los atestados y diligencias policiales que se tramiten mediante la consignación en ellos de etiquetas o carátulas alusivas a dicha nomenclatura", con objeto de "obtener desde el inicio un cabal conocimiento de los mismos".