La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha reclamado "de nuevo" a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta que abone al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero los 17.738,22 euros que forman parte de sus salarios atrasados y que le fueron embargados por Mercedes Alaya después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenara su reingreso como funcionario de la Administración autonómica.

En una providencia fechada el día 15 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la instructora atiende el escrito presentado por la defensa de Guerrero y acuerda reiterar "de nuevo" el oficio remitido a la Consejería de Hacienda y Administración Pública "en el cual se requería para que se procediera a la devolución de las cantidades indebidamente retenidas e ingresadas" al exdirector de Trabajo.

En su escrito, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, recuerda que por medio de un auto dictado el 29 de julio la juez estimó el recurso en el que pedía la devolución de esos 17.738,22 euros que a su juicio le fueron "indebidamente" retenidos, al entender que la Consejería de Hacienda y Administración Pública a la hora de efectuar las retenciones judiciales no actuó conforme a lo previsto en el artículo 607.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse aplicado el embargo "sobre el conjunto de lo adeudado y no mes a mes".

"precariedad económica" de guerrero

En este escrito, el letrado explica que, a lo largo de su recurso, "ha quedado acreditado que lo indebidamente retenido y cuya devolución se ha acordado asciende a la cantidad de 17.738,22 euros, de conformidad con las propias cuentas que se extraen de la liquidación presentada por la Junta y por la liquidación practicada por esta parte en la que lo que procedía retener quedaba expresamente reconocido y reflejado por cada mes".

La defensa de Guerrero, en su escrito, solicitó la entrega de dicha cantidad de dinero "dada la situación de precariedad económica en la que se encuentra" el imputado, "con deudas por impago de la hipoteca de la vivienda, de los suministros básicos...", por lo que "se hace imprescindible y, consideramos que justo, que le sean entregadas las cantidades reconocidas, pues responden a una deuda salarial que arrastra desde el año 2012, y han transcurrido casi tres años desde que debió de percibir sus salarios".

En el auto de 29 de julio, la magistrada acordó "la devolución de las cantidades indebidamente retenidas e ingresadas" por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, "calculando dichas cuantías mediante la aplicación del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al salario mensual, mes por mes, garantizando el salario mínimo interprofesional, y con aplicación de los porcentajes legalmente establecidos".