La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete comenzará este lunes un juicio contra siete acusados de un presunto delito de tráfico de drogas por el que la Fiscalía pide penas de cárcel para los imputados que van de los cuatro años y tres meses a los seis años y nueve meses.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, fruto de investigaciones policiales desarrolladas entre 2010 y 2012 en materia de lucha contra el tráfico de estupefacientes, se tuvo conocimiento de que una serie de individuos se dedicaban a la venta y distribución de cocaína en Elche de la Sierra y alrededores.

Unas investigaciones centradas en locales de negocios y llevadas a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, conjuntamente con personal de la Guardia Civil de Hellín, Elche de la Sierra, Yeste y Ayna (Albacete).

Los acusados, todos ellos de nacionalidad española y mayores de edad, se dedicaba a diversas tareas, como contactar con los clientes, o la entrega de la sustancia, o su preparación para dispensarla, aunque las instrucciones venían dadas principalmente J.J.N.G.

La Guardia Civil, en sus investigaciones, encontró diversas cantidades de droga, así como material para su tratamiento, en varias de las viviendas y coches de los acusados. También se constató que las entregas se realizaban también en pub que regentaban otros de los acusados donde llegaban los clientes, tomaban la consumición y, al pagar en la barra, abonaban también la droga.

Todas las investigaciones concluyeron el 7 de junio de 2012, con el registro de una finca usada por el principal acusado, J.J.N.G., donde se localizaron, escondidas en varias ubicaciones, distintas cantidades de cocaína, de marihuana, útiles para tratar la droga y dinero en metálico.

Esa misma fecha también se realizaron registros autorizados en viviendas de otros acusados y en el pub donde se hacían las transacciones, donde también se hallaron sustancias estupefacientes y dinero en metálico.

Los hechos, considera el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, son constitutivos de varios delitos contra la salud pública.