La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado en Comisión Parlamentaria el "gran reto" de esta legislatura de incorporar al sistema a las personas reconocidas con el grado de dependencia moderada, mientras que el PP-A le ha achacado falta de planificación y ha lamentado que "no es esté atendiendo a los moderados cuando se está haciendo en otras comunidades", que "están cumpliendo sus deberes".

Además, la consejera ha informado en el Parlamento de que su departamento está ultimando un servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia como un recurso preferente para mejorar la atención y facilitar la incorporación al sistema de las personas en situación de dependencia, lo que, a su juicio, supone una muestra más del compromiso "firme, decidido y estable" de la Junta con el desarrollo y aplicación de la ley de Dependencia, como ya viene haciendo desde su puesta en marcha en 2007.

"Nos hemos tomado y tomamos muy en serio la aplicación de esta Ley", a pesar de los "continuos recortes e incumplimiento del Gobierno" en la financiación que le corresponde, asegura la consejera. En este sentido, ha recordado que Andalucía soporta casi en solitario la aplicación de las medidas de dependencia financiando el 78 por ciento frente al 22 por ciento estatal, en lugar del 50 por ciento que debería aportar.

No obstante, la consejera ha matizado que, a pesar del escenario presupuestario y del abandono por parte del Gobierno de sus obligaciones, la Junta mantiene su compromiso real y cuantificable con este colectivo, ya que "estamos plenamente convencidos de la necesidad y eficacia de la Ley". Un convencimiento y compromiso que se traduce en datos concretos como las cerca de 300.000 personas atendidas y la concesión de más de 400.000 prestaciones desde el inicio de la ley. Actualmente hay 163.100 personas beneficiarias (un 22% del total nacional) y 219.100 prestaciones (aproximadamente el 25% del total nacional), lo que supone que 1 de cada 4 prestaciones reconocidas en toda España se producen en Andalucía.

Nuevo servicio

Del nuevo servicio de promoción de la autonomía personal que se va a poner en marcha, la consejera ha indicado que ayudará a mejorar y agilizar la incorporación al sistema de las personas reconocidas con Grado I de dependencia, un colectivo cuya atención constituye uno de los retos de la actual legislatura. Sánchez Rubio ha recordado que la cobertura de estas personas es una obligación legal desde el pasado 1 de julio, cuando se hizo efectiva el derecho a las prestaciones del Grado I.

En su intervención en la Cámara, ha insistido en que los recortes estatales "no van a frenar ni a mermar" la aplicación de la ley ni la incorporación de las nuevas personas beneficiarias. En este orden de cosas, ha recordado que el Grado I afecta a un colectivo "muy especial", integrado en su mayoría por personas mayores que requieren ayuda para el desarrollo de tareas básicas del día a día.

Ha explicado que, dado el elevado número de personas mayores, la integración "no será inmediata sino gradual y progresiva", previa realización del correspondiente Programa Individual de Atención. No obstante, "gran parte de estas personas ya están siendo atendidas a través de diferentes medidas como la ayuda a domicilio, la Teleasistencia Avanzada y otras", recuerda Sánchez Rubio.

Durante su comparecencia ha indicado, además, que la intención de la Junta es que las prestaciones económicas "sigan el mismo régimen de excepcionalidad aplicado para el resto de grados". Asimismo, se tendrán en cuenta determinadas situaciones en las que el Servicio de Ayuda a Domicilio podría ser el más adecuado a las necesidades de cada persona, así como los perfiles de personas que por su enfermedad o discapacidad presentan necesidades y necesitan ayuda para evitar situaciones como las provocadas por el síndrome de Diógenes.

Sánchez Rubio ha concluido su comparecencia reafirmando que el Gobierno andaluz mantiene el compromiso con las personas en situación de dependencia "confiando en poder definir el desarrollo de la Ley de Dependencia en el marco del Consejo Territorial de Dependencia, para trabajar en coordinación con el Estado", aunque ha matizado que es complicado "ya que el Ministerio ha convocado la reunión cuando está cercana la disolución de las Cortes".

Por su parte, la diputada popular Ana Vanessa García Jiménez ha acusado a la consejera de "divagar" cuando se habla de dependencia, porque "en dos meses desde que se empezaron a incorporar moderados al sistema, en el resto de España se han incorporado 40.000 y están cumpliendo sus deberes", mientras que aquí "están hablando de más de 100.000 que han empezado a engrosar la gran lista de espera en Andalucía"

Andalucía "lidera el desmejoramiento" de la aplicación de la ley

Además, ha negado que la comunidad "lidere" el desarrollo de la ley y ha asegurado que "lo que lidera es el desmejoramiento de la aplicación de la ley año tras año", toda vez que le ha reprochado que "se den golpes de pecho", cuando el presupuesto de la consejería "fue prácticamente igual que el año pasado y el anterior". Igualmente, señala que "hay 27.000 usuarios menos que han salido del sistema y no se han repuesto", mientras "el dinero es el mismo", y ha subrayado que "uno de cada tres dependientes en lista de espera es andaluz".

García Jiménez ha afirmado también que "salvo que se corrija" lo que dijo la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que "se va a aumentar un 10% la inversión en dependencia en esta legislatura, un 10% en cuatro años tampoco es suficiente para los más de 100.000 andaluces en lista de espera", toda vez que ha apunto que en el caso de los dependientes severos y grandes dependiente también Andalucía "está por detrás" del resto, ya que mientras que en España "hay un 97% de atendidos, aquí estamos diez puntos por debajo" y "hay muchos severos que no se han incorporado al sistema".

"Lo que no se puede repetir es que siga subiendo la lista de espera, que no es esté atendiendo a moderados cuando se está haciendo en otras comunidades y, por supuesto, que no se esté pagando la dependencia", manifiesta, toda vez que insta a la Junta "a ser responsables, e ir reduciendo la lista de espera", porque "desde hace mucho tiempo se sabe que el 1 de julio entraban los moderados y no se entiende por qué no ha habido una planificación". Se acabó el tiempo de la reflexión, arremánguense y pónganse a trabajar, porque más de 100.000 andaluces en lista de espera es una barbaridad".