Cataluña ha llegado al 27 de septiembre con todo por decidir. Las elecciones autonómicas, convertidas en plebiscitarias por Artur Mas (CDC) y Oriol Junqueras (ERC), pretendían resolver la ausencia de una consulta sobre la autonomía de Cataluña que el PP se ha negado a celebrar. La candidatura independentista Junts Pel Sí amenazaba con declarar unilateralmente la separación de España si lograba la mayoría de los escaños este domingo (obtuvo una mayoría simple y no logró la mayoría en porcentaje de votos), pero el propio Consejo para la Transición Nacional de Cataluña y la CUP, sin cuyo apoyo sería imposible la investidura de Mas, pusieron desde un primer momento los pies en la tierra: la independencia ni sería rápida ni a coste cero. Y, lo más importante, tendría que negociarse con las autoridades españolas.

¿Qué ocurrirá tras el 27-S? ¿Es verdad que España roba a Cataluña? ¿Qué pasará si el PP pierde las generales en diciembre? Estas son las claves de los comicios más importantes desde las primeras elecciones democráticas.

Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona y presidente del consejo rector del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (el CIS catalán), lo tiene claro: "La legitimación popular para impulsar un proceso independentista".

Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Carlos III, matiza esa afirmación: "Se habla de la independencia, pero de lo que se trata es de medir la correlación de fuerzas y de obligar al Gobierno a mover ficha". En este punto, Matas admite que el president Artur Mas quiere "cargarse de razones y de apoyo" para demostrar que la mayoría de Cataluña exige un cambio del statu quo que tendría que ser dialogado. "Pero, para eso, la negociación tiene que querer existir, no como hasta el momento", insiste.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anuló en 2010 hasta 14 artículos del Estatut ratificado en referéndum por los catalanes es, para Matas y Simón, el origen de la crisis actual. A esto añaden los recortes sociales y el "inmovilismo" del Partido Popular, que ha rechazado cualquier diálogo sobre la financiación de Cataluña o sobre el modelo territorial español.

El número de partidarios de la independencia se encontraba en ascenso en enero de 2010, aunque estos solo sumaban el 19,4% del total de la población, de acuerdo a los sondeos del Centro de Estudios de Opinión. A la inversa, el sentimiento de aquellos que veían a Cataluña como una comunidad autónoma de España retrocedía, pero aún suponía el 38,2% del censo.

Las líneas se cruzaron en febrero de 2012, dos meses después de que Mariano Rajoy asumiese la Presidencia del Gobierno. Ese mismo año, una manifestación masiva en la Diada del 11 de septiembre (con 600.000 participantes, según la Delegación del Gobierno y un millón de acuerdo a la Guardia Urbana de Barcelona) bajo el lema 'Catalunya, nou estat d'Europa' empujó a Mas a virar hacia un independentismo que nunca antes había enarbolado. Se defendía así del ascenso de Esquerra Republicana, al tiempo que respondía a las demandas de un sector cada vez mayor de la sociedad catalana.

El secesionismo tocó techo en noviembre de 2013, con un seguimiento del 48,5%, frente a un sentimiento autonomista del 18,6%. Los porcentajes, del 37,6% y el 29,3% en junio de 2015, respectivamente, están hoy mucho más próximos, pero los expertos creen que existe un consenso básico: los catalanes quieren expresarse.

El desequilibrio entre lo que Cataluña entrega al Estado y lo que ésta recibe a cambio es evidente. La magnitud de lo que unos llaman "expolio" y otros "solidaridad" depende del método de cálculo que se utilice.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha llegado a admitir un desfase de 8.455 millones de euros, de acuerdo a las balanzas fiscales oficiales de 2014. Andreu Mas-Collel, reputado economista y actual conseller de Economía de la Generalitat, estima que el desfase en 2015 superará por poco los 3.200 millones, pero Artur Mas y Oriol Junqueras han llegado a asegurar que la Cataluña independiente dispondría cada año de 16.400 millones adicionales.

Este último dato proviene de cálculos realizados en 2009, cuando el Estado tuvo un déficit de 81.113 millones de euros, de los cuales 15.618 se imputaron a Cataluña. El catedrático de Economía Xavier Sala i Martín explicó en este artículo que, si se suma ese dinero (que no fue reinvertido en Cataluña) al déficit de la balanza fiscal de ese año (792 millones) se obtienen los 16.400 millones perdidos.

El exministro socialista Josep Borrell y el empresario formado en el MIT Joan Llorach desmenuzan las cifras oficiales en el libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, asegurando que el déficit de financiación actual está mucho más cerca de los 3.200 millones de Mas-Collel que de los 16.400 de Mas, Junqueras y Sala i Martín. "En una Cataluña independiente no habría habido los recortes que ha habido", declaró Artur Mas en septiembre de 2014. Aunque la Cataluña independiente sería viable, a su juicio, Borrell y Llorach acusan al president de "infravalorar" los costes de la separación.

Tras la victoria del bloque independentista este 27-S, el Parlament se constituirá con un mandato claro: acudir a Madrid para negociar la separación amistosa de Cataluña. En una segunda fase, el nuevo gobierno autonómico tendría que emprender la creación de estructuras de Estado propias (tribunales, organismos recaudatorios, agencias de transporte, etc.).

El riesgo de que el frente Junts Pel Sí-CUP salte por los aires está presente en cualquiera de los dos casos. "La CUP representa una izquierda radical que quiere salir de España y del euro, no tiene nada que ver con las elites catalanas y no es el mejor socio de Mas", apunta el catedrático Jordi Matas. "ERC ha sufrido el 'abrazo del oso' en este proceso, porque ha pasado de abanderar el independentismo a ceder ante Convergència, que ha salvado a sus cuadros y a su partido, acosado por la corrupción. Incluso en el supuesto de que se logre la independencia —y bajo la asunción mágica de que ésta es buena— van a tener que negociar con el Estado y con Europa. CDC, ERC y la CUP representan a sectores muy distintos que no se van a poner de acuerdo fácilmente", añade Pablo Simón.

En ningún caso. La hoja de ruta diseñada por el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) —órgano creado por Artur Mas en 2013— dibuja dos escenarios basados en la negociación que tardarían meses —cuando no, años— en materializarse.

El primero es de colaboración o secesión amistosa, según la cual la Generalitat y el Estado "aceptan negociar lealmente" y con "plena normalidad democrática" la separación. Durante este proceso, Cataluña crearía sus estructuras de gobierno al tiempo que acordaría con Madrid su reconocimiento institucional, la asunción de las infraestructuras (aeropuertos, trenes, carreteras) y el tratamiento de la parte de la deuda estatal correspondiente a Cataluña.

La segunda posibilidad es la no colaboración de España, que derivaría en una situación de "bloqueo político". "Resulta difícil prever con exactitud el desarrollo y la resolución de una crisis de esta naturaleza", sentencia el CATN, que advierte de que una declaración de independencia no quiere decir que esta fuese "realmente efectiva" y "menos aún", que lo fuera de forma "inmediata y automática". El órgano señala que, llegados a este punto, la Generalitat nunca debería cerrar la puerta a la negociación, sino "más bien al contrario", buscando, incluso, la mediación internacional si fuese necesario.

Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional, descarta aún la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que da al Estado la potestad de tomar medidas excepcionales si un territorio incumple la ley: "Sería lo último, un caso extremo y, desde luego, no es la solución". El Gobierno central no ha invertido tiempo en calmar los ánimos. Pedro Morenés, ministro de Defensa, espetó la siguiente frase durante una reciente entrevista: "Si todo el mundo cumple con su deber, no hará falta ningún tipo de actuación".

La proclamación, que carece de encaje legal en el ordenamiento jurídico nacional, se realizaría vía decreto mediante un acuerdo político sin rango de ley. En ese mismo momento, el Gobierno la impugnaría ante el Tribunal Constitucional, que suspendería la resolución en base al artículo 161.2 durante un plazo máximo de cinco meses.

El Consejo para la Transición Nacional contempla que la Generalitat desobedezca la orden, pero advierte de que solo podrá hacer efectiva la secesión si cuenta con respaldo social e institucional suficientes como para gestionar el territorio de forma autónoma. Además, insta a que cualquier declaración unilateral cuente con un referéndum de ratificación, aunque será la Generalitat quien interprete si las elecciones "plebiscitarias" del 27-S son suficientes como para obviar este trámite.

En lo relativo a la vida diaria de los catalanes, el statu quo apenas se modificaría. "El funcionamiento de los servicios públicos se mantendría. No veríamos a los Mossos tomando El Prat ni al Ejército atravesando el Penedés. El efecto jurídico de la declaración de independencia sería 0", explica Eduardo Vírgala. El nuevo territorio, añade Pablo Simón, seguiría perteneciendo a la zona euro, dado que ninguna autoridad nacional o internacional lo reconocería como nación separada de España.

Según el catedrático Vírgala, sí. "El Constitucional dice que no se puede cuestionar la soberanía, pero se puede inquirir a la población sin poner este hecho en cuestión, simplemente, para conocer su opinión", detalla. ¿Y quién debería votar, llegado el caso? "Los catalanes, que son la parte más afectada. Así se ha hecho en Reino Unido con Escocia y en todos los procesos relevantes de este tipo. Imagina que los españoles votan en contra, pero el 70% de los catalanes dicen que se van. ¿Tendría sentido volver al punto muerto?", razona.

Vírgala opina que la Generalitat tampoco ha agotado todas las vías, ya que la ley permite que los ejecutivos regionales propongan una reforma constitucional. A pesar de ello, el especialista recuerda que la ley de referéndum española está incompleta, ya que solo contempla consultas autonómicas para la aprobación y reforma de los respectivos estatutos y carece de normas sobre cuotas de aprobación y exigencias de participación.

"Lo veo muy difícil. Si el independentismo consigue una mayoría amplia de escaños y sufragios, va a ser inapelable", aventura el catedrático de Ciencia Política Jordi Matas. "Esto no lo arregla un nuevo sistema de financiación, pero casi tampoco un nuevo proceso constituyente que acabe en una España federal. Tendría que ser algo muy revolucionario, porque, aunque Convergència se avenga a negociar, su fuerza en el conjunto del movimiento independentista es relativa", añade.

El politólogo Pablo Simón coincide en que el tren de la secesión no va a poder frenar sin "descarrilar". "La sociedad está dividida debido a la polarización creciente y se ha agrupado en torno a nichos de respuesta concreta como son Junts Pel Sí, donde coinciden fuerzas muy distintas, o Ciudadanos, que va camino de ser el primer partido de la oposición y de arrebatar al PP el discurso de la unidad nacional", detalla. El futuro, apunta, dependerá de nuevas mayorías, que ya no tienen que ver con los bloques monolíticos PP-PSOE en Madrid o CiU-PSC en Cataluña.

Pese al carácter bronco del debate, los especialistas aseguran que no. "El Estado de las Autonomías ha funcionado a base de pactos con los partidos nacionalistas. El PSOE, a su vez, modulaba las tensiones por las divisiones internas existentes entre sus distintas federaciones, incluidas la catalana. Ese esquema se ha venido abajo. El voto se ha dividido de otra manera, pero no hay una confrontación entre ciudadanos", señala Simón.

"Existe un debate entre partidarios y contrarios, una discusión social. Si fuera tan radical y dividiese tanto, veríamos un esquema de voto bipolar y un sistema bipartidista, pero en Cataluña —y veremos en el Congreso de los Diputados— vamos a tener al menos seis partidos con representación", concluye Matas.