El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este jueves que le parece "preocupante" que la Comisión Europea haya iniciado una investigación para comprobar que el contrato entre Aerocas y SNC-Lavalin, la empresa gestora del aeropuerto de Castellón, está dentro de la legalidad en lo referido a las ayudas públicas que la empresa canadiense recibe por la gestión de la infraestructura.

Puig, que ha inaugurado el inicio del curso escolar de Primaria en el CEIP Ciutat de Cremona, en Alaquàs (Valencia), ha explicado que tiene "conocimiento por encima" de esta cuestión porque el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, le ha trasladado "que había llegado una investigación de estas características", aunque ha apuntado que no dispone de "más información".

No obstante, el jefe del Consell ha considerado "preocupante" que se inicie una investigación de este tipo, tal y como publica el diario El País. "Ya tenemos una crisis abierta con Ciudad de la Luz, sólo faltaría que también se abriera con el aeropuerto de Castellón", una infraestructura que, según Puig, "ha pasado a la historia por todo un conjunto de absurdos, catástrofes de imagen que nos han hipotecado bastante".

"En cualquier caso", ha continuado, "ya se ha renovado la sociedad (Aerocas) y lo que pensamos es que o es un instrumento para el turismo y para crear puestos de trabajo o si no, no tiene ningún sentido".

En esta línea, el presidente ha apuntado que el Consell analizará "hasta el final, y ya se esta haciendo, hasta el último detalle de un contrato —entre Aerocas y Lavalin— que, a priori, no nos parece que era el mejor contrato para la Generalitat", ha apostillado.

Desde la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico han confirmado que la Comisión Europea inició en el mes de abril de 2015 un expediente sobre el contrato entre Aerocas y SNC-Lavalin, ya que según trasladó la institución europea a la empresa pública a través de una misiva, las ayudas públicas que ésta deberá destinar a Lavalin "constituyen una ayuda estatal posiblemente ilegal".

En este sentido, desde la Conselleria han explicado que el anterior Consejo de Administración de Aerocas "dimitió en bloque" y no informó de la apertura de este expediente, del que también tenía conocimiento el anterior Consell, según han apuntado. En estos momentos, la Generalitat se encuentra recogiendo información sobre esta relación contractual para remitirla a Bruselas.

"un hecho muy grave"

Por su parte, el presidente de Aerocas, Francesc Colomer, ha señalado este jueves que esta investigación constituye "un hecho muy grave" y ha asegurado que el Consell colaborará "al máximo con la Comisión Europea para investigar y aclarar todo lo que ha pasado en este proceso".

En esta línea, ha apuntado a "la precipitación del PP para poner en marcha el proyecto y consumar la concesión y privatización de la gestión del aeropuerto", lo que según Colomer "les llevó a celebrar un contrato que podría ser gravoso" y que "supone 25 millones de euros que la Generalitat de todos los valencianos ha de aportar a la concesionaria".

"El anterior Consejo de Administración dimitió en bloque y prácticamente no nos ha informado de nada, actuó con una opacidad considerable", ha subrayado el presidente de Aerocas, quien ha añadido que este tema "se tendría que haber afrontado con un grado de responsabilidad y diligencia diferente".

"Ha sido justo en la transición, cuando el anterior Consejo de Administración dimite, cuando tenemos constancia de la apertura de la investigación de la Comisión Europea", ha destacado Colomer, quien ha añadido que los técnicos y los servicios jurídicos de la Generalitat "están valorando todos los escenarios posibles y nosotros estamos colaborando con la máxima lealtad con la Comisión Europea y, sobre todo, defendiendo los intereses de los valencianos y su patrimonio".

Así, ha señalado que el Consell actuará "con legalidad, máxima transparencia y que los informes jurídicos determinen cuál es el destino del aeropuerto y de la propia concesión", ha apostillado.