El PSOE-A ha anunciado este jueves que no descarta pedir la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la comisión de investigación sobre el presunto fraude de las ayudas a las formación que se creará en el Parlamento andaluz, al tiempo que ha reclamado que se cree otra comisión de investigación, pero en las Cortes Generales, para abundar en la gestión sobre los fondos a la formación que hace el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, antes de que comenzase el debate sobre la creación de una comisión de investigación sobre las ayudas a la formación en Andalucía, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, ha afirmado que la comisión de investigación en Andalucía "debe abrirse con un carácter integral para conocer qué ha ocurrido por parte de todos agentes que han intervenido en la formación, incluido el Gobierno de España".

Por eso, los socialistas andaluces no descartan solicitar comparecencia de Bañez, "porque vemos que hay una cuestión general en todo el Estado en relación con el control de los recursos para la formación".

No obstante, ha insistido en que "no hay razón" para que se cree una comisión de investigación sobre este asunto porque es una cuestión "sobre la que trabajan los tribunales, con quien colabora la Junta, que además está dando explicaciones continuamente al Parlamento y a la opinión publica". "No hay ninguna razón para la celebrar la comisión de investigación salvo la tozudez y la irresponsabilidad del PP-A", ha criticado Jiménez antes de censurar que los populares quieren "ensuciar la imagen de Andalucía y atacar la credibilidad del Gobierno de la Junta".

En las cortes

Así las cosas, Jiménez ha afirmado que "alrededor de la formación empieza a crecer una bola de nieve en el conjunto del Estado sobre el que las instituciones van a tener que dar información" y ha puesto como ejemplos el caso Aneri en Madrid, el Cátedra en Galicia o "lo que hemos conocido del formación del servicio público de empleo del Ministerio de Trabajo respecto a la formación a la demanda, donde al parecer solo en el ejercicio de 2014 más de 570 millones se han repartido sin control".

Esta circunstancia, para el PSOE-A, es "razón suficiente para que se investigue sobre la gestión de la formación que se hace por parte de Ministerio de Trabajo sobre del control a los recursos públicos que se han empleado en la formación" y se abra una comisión de investigación en las Cortes Generales que serviría "para conocer la gestión que se ha hecho de los recursos de formación en todas las comunidades".

"Con lo que se está conociendo en el conjunto de las comunidades autónomas y también en el Ministerio, debería constituirse una comisión de investigación en las Cortes sobre los recursos de formación que ha estado manejando en estos años el Gobierno de España y que ahora el Tribunal de Cuentas pone en cuestión", ha aseverado Jiménez.