El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha avanzado este jueves ante el pleno del Parlamento andaluz que el Plan Autonómico de Vivienda, documento en el que trabaja su departamento y que previsiblemente verá la luz en el primer trimestre de 2016, fijará las condiciones socioeconómicas que deben cumplir aquellas familias desahuciadas que regresen a sus viviendas tras ser adquiridas por la Junta en un procedimiento de retracto tras la subasta pública.

En respuesta a una pregunta oral formulada por Podemos, López ha explicado que esta medida es la que contempla el Anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía, aprobado en Consejo de Gobierno de junio de 2015, y que introduce como principal medida permitir al Gobierno andaluz el ejercicio del derecho de compra preferente de viviendas incursas en procesos de ejecución hipotecaria para permitir a las familias permanecer en sus hogares mediante un alquiler social.

El importe de dicha renta se establecerá precisamente en el Plan Autonómico de Vivienda, si bien el consejero ha adelantado que la cuantía podrá oscilar entre los 20 y los 60 euros mensuales, cifra similar a la establecida para las viviendas pertenecientes al parque público residencial que gestiona la Junta de Andalucía con una superficie de entre 65 y 90 metros cuadrados. Las viviendas que se adquieran pasarán a formar parte del parque público, por lo que las cuantías serán similares.

No obstante, ha aclarado que, "como es lógico", en la adjudicación de la vivienda fruto de un retracto tendrán preferencia las personas que, cumpliendo los requisitos socioeconómicos que se establezcan en el Plan, hayan sido los anteriores titulares de la propiedad.

Entre los criterios que "razonablemente" se establecerán, destacan tres: tener la residencia habitual y permanente en la vivienda; ser la única vivienda en propiedad y no poseer la titularidad de ninguna otra y, como tercera condición, la situación económica de las familias, dando prioridad a las familias con menores ingresos familiares, más vulnerables y con mayores riesgos de padecer la situación de exclusión social.

Entre otras de las medidas emprendidas por el Gobierno andaluz en apoyo a las familias en situación de riesgo de perder su vivienda por impago, Felipe López ha hecho referencia a la orden de ayudas a desahuciados, dotada inicialmente con 2,26 millones de euros, distribuidos en tres anualidades, que se ampliará en 1,5 millones para poder atender todas las demandas.

"La ayuda media concedida supera los 3.200 euros anuales, por tres años", ha aclarado el consejero, para quien "es claro el compromiso de la Junta de Andalucía con las familias que se quedan sin vivienda por enfrentarse a situaciones de desahucio". "Ayudamos a las familias que más dificultades tienen para acceder a una vivienda digna y aplicamos criterios sociales justos a la hora de acceder a las ayudas", ha concluido.

Podemos ve "incompleto" el anteproyecto de ley

Por su parte, el diputado de Podemos Juan Antonio Gil ha afirmado que el anteproyecto de ley de Retracto presentado por la Junta está "incompleto", es ajeno a la emergencia habitacional que hay en esta Comunidad y además necesita del desarrollo de otras normas para su concreción.

Gil ha criticado que el consejero del ramo no le haya precisado cuáles son los criterios mediante los que se fijarán los alquileres sociales en cada caso y si la Junta va a aportar fondos públicos para ayudar a los desahuciados a pagar dicho alquiler social.

Tras acusar a la Junta de dejar "desprotegidas" a más de 40.000 familias, el diputado de Podemos ha dicho que no se trata de "datos sobre un papel, sino de personas que respiran y padecen". También ha lamentado que Andalucía se sitúe a la cabeza en el ranking de ejecuciones hipotecarias.