El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, ha reclamado este miércoles una nueva modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía tras la "insuficiente" reforma llevada a cabo este año, con el fin de que sea compatible con "cualquier otra prestación" contributiva o no contributiva y para que se agilicen los procedimientos y los plazos de resolución y renovación de solicitudes.

Amoedo ha expuesto este miércoles, en un Pleno monográfico celebrado en el Parlamento regional, el informe de la actividad de la Institución que dirige durante el año 2014, cuando se registró un total de 2.052 quejas, que tuvieron una aceptación del 80 por ciento, la mayoría relacionadas con la Renta Garantizada de Ciudadanía, la discapacidad, la educación y la vivienda.

Con respecto a esa primera materia, el Procurador del Común ha reclamado una nueva modificación de la normativa pues ha calificado de "insuficiente" la reforma introducida este mismo año para hacer compatible esta ayuda con los subsidios por desempleo, por pérdida de trabajo a tiempo parcial.

Para Amoedo Conde, resulta necesario llevar a cabo modificaciones en el texto para que la Renta Garantizada sea compatible con "cualquier prestación contributiva o no contributiva a cargo de cualquier administración pública, cuando ésta sea insuficiente para atender necesidades básicas". Según ha explicado, se han estudiado supuestos concretos de extinción de la renta sobre la base de circunstancias "consideradas de forma rigurosa por la Administración".

Asimismo, plantea eliminar otro aspecto que considerar "riguroso", como es dejar sin la debida protección por un periodo de seis meses desde la fecha de resolución de extinción a aquellos que carecen de medios económicos para atender sus necesidades básicas. Para ello, propone alternativas como la reincidencia en el cumplimiento de las obligaciones, la sustitución por la pérdida de un porcentaje, o la limitación del tiempo de duración de la sanción a un mes desde la resolución.

También ha instado a realizar cambios normativos que permitan agilizar los procedimientos de la renta garantizada y la disminución de los plazos previstos para resolver; así como que la causa de extinción de la ayuda por abandono del territorio de la Comunidad pase a ser por la pérdida de la residencia efectiva.

Por último, ha señalado que cree necesario flexibilizar la normativa para evitar que no se conceda la ayuda a personas que sean titulares de propiedades, usufructo o cualquier derecho real sobre inmuebles siempre que no puedan cubrir las necesidades básicas.

Listas de espera

En cuanto a otros asuntos reflejados en su informe, el Procurador del Común ha avisado de que se mantienen las listas de espera, las dificultades para acceder a las historias clínicas, la necesidad de garantizar la presencia de profesionales adecuados en todas las franjas horarias, de dotar a las plantillas de personal para atender a personas de especial vulnerabilidad y la exigencia de una evaluación específica de las necesidades de los servicios de Urgencia.

En la Educación, se ha referido especialmente a los problemas detectados en comedores de centros escolares y ha recordado que actuó de ofició al solicitar a las consejerías competentes una supervisión del servicio y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones impuestas a los concesionarios así como medidas para corregir las deficiencias.

En cuanto a las reclamaciones sobre vivienda, ha hablado sobre todo de los conflictos relativos a las ayudas para financiar la compra, alquiler o rehabilitación, y a la insuficiencia de las viviendas disponibles en la actualidad para atender todas las necesidades existentes. En este sentido, ha señalado que la problemática fundamental es la supresión de convocatorias de subvenciones y el agotamiento de los fondos destinados al uso de las ya concedidas.

En el área de Familia ha reclamado nuevas medidas para mejorar la protección de las personas en situación de dependencia, ha recomendado un cálculo más favorable para la aportación económica de los usuarios de este sistema y ha centrado la atención el as unidades monoparentales formadas por un sólo progenitor.

Extinción de incendios

En lo relativo a la extinción de incendios forestales ha mantenido que el personal voluntario que trabaja en ella realiza "una función importante", pero que se trata de un colaborador y tiene que actuar "siempre bajo la dependencia del personal profesional, careciendo por lo tanto de capacidad decisoria de actuar en situación de riesgo".

En el turno de réplica a las intervenciones de los portavoces de los partidos políticos representados en las Cortes ha querido restar importancia al número de reclamaciones, que en 2014 fue inferior a los años precedentes, pues ha recalcado que es "coyuntural". En todo caso, ha apuntado que en los meses que han transcurrido de 2015, la cifra es ya de 3.772, sensiblemente superior a la de 2014.

Del total de expedientes recogidos en el informe de 2014, se han dictado 922 resoluciones, de las que se han archivado 405, el 44 por ciento del total, y se ha cursado recomendación en 517 casos, un 56 por ciento.

** La mayoría de las quejas tramitadas tuvieron que ver con acciones relacionadas con la Administración Local —967 y un 47 por ciento-, el mayor número sobre ayuntamientos, seguido de las relativas a la**Administración Autonómica —854 y un 42 por ciento—; la Central contabilizó 291, un nueve por ciento, y la de Justicia 14 con un uno por ciento.

Por áreas la mayoría de las quejas gestionadas por el Procurador del Común se refirieron a Medio Ambiente —377, un 18 por ciento—; seguida de medidas relativas al régimen jurídico, bienes y servicios municipales —376 y un 18 por ciento—; Fomento —243 y un 12 por ciento—, mientras que Función Pública, Industria, Comercio, Empleo y Seguridad Social y Hacienda acapararon el nueve por ciento de las quejas, seguido de Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud que contabilizaron el siete por ciento —136 quejas—.

** Del total de quejas formuladas durante el pasado año fueron contestadas por parte de las administraciones afectadas a final de año 352, de las que 220 fueron aceptadas —62 por ciento— mientras que el 15 por ciento —52— fueron aceptadas parcialmente y 80 —el 23 por ciento— no fueron aceptadas. Están pendientes de contestación 126, se han archivado 33 expedientes por falta de respuesta y seis por otras causas.