Unas 400 personas han acudido este miércoles al llamamiento realizado por el colectivo de monitores contratados a través de empresas privadas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros públicos en Andalucía —unos 800 en la comunidad— para que se les reconozca su derecho a una mejora profesional y salarial, aduciendo, entre otros aspectos, que cobran menos a raíz de su contratación por medio de empresas concesionarias y que no tienen las mismas oportunidades del personal laboral.

La protesta ha tenido lugar a partir de las 11,00 horas en la Consejería de Educación de la Junta, en el edificio Torretriana de la Isla de la Cartuja de Sevilla, y según ha explicado a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A (que apoyaba la movilización), José Blanco, una representación de los manifestantes, que venían de varias provincias, ha sido recibida por la Dirección General de Recursos Humanos.

Ante la misma han expuesto su problemática, agravada estos días, en los que se está acometiendo el proceso de renovación de contratas, con asuntos tales como la reducción del número de horas en varios centros o problemas con la subrogación de algunos trabajadores.

Frente a ello, han reclamado de la administración andaluza, según Blanco, que el servicio vuelva a ser público y prestado en su totalidad por personal de la Junta o, en su defecto, con unos derechos laborales "dignos", así como con un proceso de acreditación para que estos trabajadores puedan garantizar su cualificación profesional. El Ejecutivo autonómico, ha añadido, ha mostrado su buena voluntad, "pero queremos hechos".

Desde el sindicato se recuerda que el curso pasado este colectivo convocó huelgas y otras acciones reivindicando el cumplimiento de sus derechos laborales en cuanto a salarios o clasificación profesional, tal como están recogidos en el convenio colectivo de aplicación en el sector. Igualmente, estas movilizaciones denunciaban el impago de salarios sufrido por el personal de una empresa subcontratista en Málaga.

CCOO ha pedido a la Junta de Andalucía que "vigile" a las empresas adjudicatarias de los servicios y les exija el respeto a los derechos laborales. Para Blanco, "lo deseable en estos casos es que si el servicio cuando es prestado por personal propio de la administración supone una duración de contratos anual, a jornada completa y con determinado salario, cuando el servicio está privatizado, el personal que lo realiza tenga unos contratos similares en cuanto a la duración anual, jornada y salario".