Pueden acabar entre rejas por las pellas de sus hijos

La Fiscalía solicita prisión para unos padres por no obligar a sus cuatro hijos a ir al colegio. Uno acumula más de 300 faltas en los tres últimos años.

Las reiteradas ausencias de sus hijos al colegio le pueden salir caras a un matrimonio de Bujalance. La Fiscalía de Córdoba ha solicitado, por primera vez en la provincia, pena de cárcel para un matrimonio a quien acusa de no llevar a sus cuatro hijos a clase, un hecho por el que pide seis meses de prisión para cada progenitor por un presunto delito de abandono de menores.

Según la Fiscalía, una hija de los procesados, que estaba matriculada en un instituto de Bujalance, faltó injustificadamente 130 días lectivos en el curso 2003/2004, 94 días al siguiente año y hasta 129 en el 2005/2006. Otro hijo de los acusados también faltó más de un centenar de veces a clase durante dos cursos, y de los dos niños más pequeños, matriculados en otro colegio, también se ha constatado que faltaban reiteradamente a la escuela.

El Ministerio Público indica que los acusados conocían que las respectivas edades de sus hijos, todos menores de edad, «comportaba su escolarización obligatoria y asistencia regular a clase» y que su «obligación como padres» era proporcionarles esta escolarización, si bien «adoptaron una actitud de total pasividad y despreocupación», según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.

Además, el fiscal asegura que se realizaron gestiones con el matrimonio, de etnia gitana, desde las administraciones sociales y educativas «que resultaron infructuosas». De igual modo, hubo reuniones con la dirección del centro, con los servicios sociales del Ayuntamiento y hasta un mediador de la comunidad gitana que «llegó a acuerdos que los acusados incumplieron después».

La Junta esperará al juicio

Sobre la situación de los menores, la Junta de Andalucía señaló ayer que esperará a que se celebre el juicio para tomar  medidas. En principio, si los padres entran en prisión quedarían bajo custodia de algún familiar. Sólo en caso de desamparo obtendría la tutela la Administración autonómica. El fiscal jefe, José Antonio Martín Caro, dijo ayer que durante 2006 hasta diez casos de este tipo pasaron a los juzgados de Córdoba. Otros dos fueron archivados.

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