La Asociación de Agentes Locales de Promoción de Empleo, de los Consorcios Utedlt de Andalucía han pedido reuniones a diversos altos cargos de la Junta para pedir su readmisión y así solucionar "un problema que la Junta ha creado y se ha mantenido en el tiempo" y que, según han recordado, "ya se acumulan más de 74 millones de euros del erario público en asuntos judiciales".

En una nota remitida a Europa Press, esta asociación ha asegurado que el conflicto con el colectivo "no va camino de una solución pronta sino que la Junta de Andalucía se empeña en enredar aún más" y ha apuntado que "cada día que pasa son 70.000 euros del erario público que se malgastan, y ya se acumulan más de 74 millones de euros de todos los andaluces".

Este colectivo ha agregado que a día 2 de septiembre de 2015 "no existe ningún compañero reincorporado a su puesto de trabajo" y lamenta que la Junta "insiste en afirmar que no tienen aún claras las funciones que nos pueden encomendar", ante lo que el colectivo le ha recordado que "no hay que buscar funciones que podamos hacer, porque la Ley de Reordenación es clara al señalar que pasan al SAE tanto los trabajadores como sus funciones".

Tras reiterar que el colectivo ALPE "no estaba sujeto a ninguna financiación especial pero sí a funciones definidas y especificadas normativamente" y lamentar que "en la Comunidad con mayor tasa de desempleo de Europa, los agentes locales de promoción y empleo no tienen sitio para trabajar", ha precisado que en la provincia de Cádiz "hay 40 compañeros dados de alta en el SAE, mediante resolución de la Junta, en la cual decía cumplir las sentencias judiciales de nulidad", pero este colectivo ha apuntado que ello "no es así, puesto que no tienen puesto de trabajo ni están cobrando lo que dicen dichas sentencias".

Los ALPE han precisado que estos compañeros "fueron obligados a dejar su trabajo actual para poder firmar la resolución, y al firmar ésta, firmaban también un documento de incompatibilidad, cuando ni tan siquiera nos saben decir cuáles son nuestras funciones".

Han añadido que "a éstos hay que sumarles los cinco compañeros de la provincia de Cádiz, que tal y como había dictado el juez de lo Social de sus respectivos procesos judiciales, se les dio de alta de oficio en el SAE hace más de tres meses, pero la Junta ni los ha reincorporado, ni ha depositado los salarios de tramitación en el juzgado ni los seis meses por adelantado en caso de no reincorporar". Ha precisado que "en Jaén, por ejemplo, la situación es parecida".

Este colectivo apunta que "con la Justicia de nuestra parte, en todos los últimos autos de ejecución de diferentes juzgados de Jaén, Sevilla, Huelva, Cádiz o Córdoba, el juez declara que es el SAE quien debe de reincorporarnos en un puesto igual o similar, incluso añadiendo nuestras funciones". "Además de todo esto, en estos autos se 'les requiere' a la Secretaria General del SAE, al consejero de Empleo y a la presidenta, para que readmitan a los trabajadores en el SAE, algo que siguen incumpliendo, a sabiendas que pueden incurrir en un delito de desobediencia".

Lamentan que "la última artimaña o excusa que esgrimen para paralizar todo y presentar recurso en las ejecuciones judiciales es que en un aclaratorio del Tribunal Supremo a la sentencia del Consorcio Utedlt 'Tierras de Doñana', donde dice que se debe de reincorporar a los consorcios", algo que, a su juicio, es "una arbitraria interpretación, que es totalmente falsa". Ha precisado que este auto "señala que el SAE es responsable solidario para la reincorporación por el fraude de ley cometido".

Los ALPE han pedido oficialmente una reunión a los responsables de Empleo de la Junta "para que nos expliquen la situación y qué solución le van a dar al problema que la Junta ha creado y mantenido en el tiempo". Las reuniones se han pedido al consejero, viceconsejera y secretario general de Empleo, "desde el mismo día en que fueron nombrados cada uno de ellos y por diferentes medios, sin tener respuesta oficial hasta el momento".

Procesos judiciales

Lamentan que "en los procesos judiciales individuales de cada ALPE, la excusa con la que están compareciendo, bien el abogado externo contratado para la defensa de los consorcios, bien los propios abogados de los Servicios Jurídicos de la Junta, es que tenemos que volver a los consorcios, que como no tienen actividad ni financiación, no pueden asumirnos por lo que se deben extinguir nuestros contratos laborales, con indemnizaciones de 33 y 45 días", con lo que, a su juicio, "se estaría volviendo a cometer lo que condena el Tribunal Supremo, esto es, el fraude de Ley".

"Nos despidieron antes de extinguir los Consorcios y evitar la subrogación al SAE y no cumplir la Ley que el Gobierno de la Junta promulgó y que si cumplió con otros colectivo", ha añadido el colectivo, que lamenta que la Junta "parece que quiere seguir litigando hasta el infinito".

Asimismo, han advertido de que "varias delegaciones del SEPE están citando a los trabajadores para que devuelvan las prestaciones cobradas y dejen de cobrar los que las tengan activas".

"Mientras, con otros colectivos, los están readmitiendo ya sin tener que llegar hasta las ejecuciones de sentencias, con lo que estamos comprobando un trato discriminatorio ante el colectivo", se lamenta el colectivo, que apunta que "con ésta dilación en el tiempo, los compañeros que más tarde, además de llevar implícito más sufrimiento, añadirán a su calvario, problemas a la hora de las cotizaciones a la Seguridad Social".

Ha recordado que "el colectivo ALPE es personal de estructura de la Junta de Andalucía despedidos en fraude de Ley y desviación de poder por lo que sólo tienen que dotar de presupuesto para nuestras nóminas al ser declarados los despidos de dicho modo y, sin embargo, se dedican a dilatar". En ese punto, han recordado que las oficinas del SAE "están bajo mínimos de personal".

"Mientras el Gobierno andaluz está de vacaciones en éste mes de Agosto, las 800 familias del colectivo ALPE, siguen pasando penurias y un calvario, sin obtener respuesta alguna a sus derechos y peticiones". se lamenta el colectivo, quienes critican que "los cargos públicos nos mientan diciendo que en 15 días está todo arreglado, cuando ya hace un año y medio desde la primera sentencia colectiva del Tribunal Supremo".

"No nos merecemos este trato vejatorio, cuando estamos respaldados por la ley y la justicia y exigimos la inmediata incorporación de todos los trabajadores de la misma manera que nos despidieron a todos por igual", han añadido.