La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha dirigido un escrito a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, defendiendo que las "tareas subsidiarias de seguridad" acordadas por el Ayuntamiento hispalense en una finca de la organización de municipios correspondiente a las antiguas cocheras de Renfe fueron "suspendidas" y la propia FAMP acometió las "actuaciones necesarias para adecuar la parcela", asegurando que "periódicamente se lleva a cabo la limpieza y desbroce de vegetación".

En su resolución, fechada el 27 de agosto y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz rememoraba que "en su día", la institución abrió "una actuación de oficio" como consecuencia de la situación de "abandono" de las parcelas de las antiguas cocheras de Renfe, un espacio enclavado entre las calles Campamento y Jazmineras, junto al barrio de San Bernardo, y dividido entre una parcela propiedad de la Junta de Andalucía y otro solar de menores dimensiones propiedad de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

En estos solares, separados por un camino peatonal, la Junta de Andalucía tendría prevista la construcción de un centro educativo en su finca, mientras la FAMP tendría proyectada la instalación de una nueva sede de la organización en la parcela de su propiedad.

Chabolas y botellonas en el entorno

Este espacio, usualmente utilizado como estacionamiento incontrolado de vehículos, ha sido objeto de diversos episodios de usurpación mediante asentamientos de infraviviendas y además de "presentar un estado deplorable", según la resolución de Jesús Maeztu, "era lugar de reunión para botellonas".

Los responsables de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz incluso visitaron las parcelas, verificando que "se trataba de unos solares que presentaban bastante acumulación de escombros, muy descuidados, donde habitualmente y por las tardes se celebraban botellonas".

Tras la visita, el departamento de Jesús Maeztu se dirigió al Ayuntamiento de Sevilla para conocer las "medidas que hubiera adoptado o tuviera previsto adoptar para que los propietarios de estos solares asumiesen los deberes que les corresponden", dando cuenta de que "tras obtener la pertinente autorización judicial", el Consistorio habría "iniciado las tareas de ejecución subsidiaria de las medidas urgentes de seguridad ordenadas en la finca".

Merced al contenido de la citada resolución, la FAMP ha remitido un escrito a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, exponiendo que en efecto en junio de 2013 la Gerencia de Urbanismo comunicó a dicho organismo "el inicio de un procedimiento de ejecución subsidiaria para la adecuación de la parcela cedida a la FAMP a las condiciones de mantenimiento y seguridad exigidas por la legislación, condiciones agravadas por actuaciones ajenas a la titularidad de la finca".

La famp acomete "las actuaciones necesarias"

En su escrito, fechado este miércoles y recogido por Europa Press, la FAMP asegura que tras contestar la federación a la comunicación de la Gerencia de Urbanismo, "se suspendió la ejecución subsidiaria" de tareas por parte del Ayuntamiento y la FAMP comenzó a "realizar las actuaciones necesarias para adecuar la parcela a las condiciones de conservación y seguridad, que hasta la fecha y sin solución de continuidad se vienen manteniendo".

Detalla la FAMP, en su escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, que desde que en noviembre de 2012 tomó posesión de la parcela "se han adoptado medidas de seguridad y vigilancia", toda vez que en noviembre de 2012 el Ayuntamiento hispalense desmanteló el asentamiento chabolista instalado en estas parcelas y las mismas han sido objeto de vallado y tareas de desbroce. En ese sentido, expone también la FAMP que en octubre de 2013 culminó las "obras de seguridad y salud" requeridas por la Gerencia de Urbanismo y "periódicamente se lleva a cabo la limpieza y desbroce de vegetación, un tratamiento herbicida y reposición de paramento de valla".