La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía debatió este pasado martes por la tarde la aprobación concedida por la Junta de Andalucía a la compañía Portland Valderrivas, para modificar la autorización ambiental integrada (AAI) de su planta cementera de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), al objeto de que la misma incinere como combustible derivados de residuos no peligrosos, extremo que ha despertado protestas en el municipio.

Se trataba de una pregunta con ruego de respuesta oral, por parte de la diputada de Podemos María del Carmen García Bueno, quien se ha hecho eco de las movilizaciones promovidas en Alcalá de Guadaíra a cuenta de la futura incineración de derivados de residuos no peligrosos en la planta cementera de Portland Valderrivas, para su uso como combustible. El 17 de septiembre, de hecho, el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra prevé debatir una moción al respecto.

Y es que según los ecologistas, mediante esta modificación de la autorización ambiental integrada ya concedida a la cementera Portland Valderrivas, cuya planta se ubica al pie de la autovía A-92 a su paso por Alcalá de Guadaíra, la empresa estará autorizada a usar como combustible, mediante su incineración, derivados de residuos no peligrosos, con un máximo de "292.000 toneladas de residuos al año".

"emisiones a la atmósfera"

"Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas", dice por ejemplo a Europa Press Francisco Gavira, advirtiendo de que la incineración de todos estos residuos provocará "emisiones a la atmósfera", con sus correspondientes consecuencias, en un área densamente poblada, en la primera corona del área metropolitana de Sevilla.

La diputada de Podemos, en ese sentido, ha apostado por la "posibilidad" de "reciclar" tales residuos a través de una "industria ecológica" que genere empleo verde, toda vez que el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha defendido que el deber de la Junta es velar por "el estricto cumplimiento de la legislación ambiental" y en este caso en cuestión, "la actuación de la empresa así lo hace". "La tramitación del expediente (de modificación de la AAI de la planta cementera) se ha desarrollado según la legislación", ha asegurado.

Algunos ajustes

Incluso ha expuesto que las alegaciones de los colectivos ecologistas, a la hora de tramitar la modificación de la autorización ambiental integrada, han "contribuido" a ajustar la misma en dos aspectos; "los límites de emisión" y el seguro de responsabilidad civil con el que debe contar la cementera.

Fiscal ha recordado que en todo momento "hablamos de residuos no peligrosos" y "la valorización (es decir incineración) de los residuos es el paso previo a su eliminación". "Comprendo que la valorización no sea compartida por todos", ha rematado.