La Plataforma por la Homologación en Andalucía (PHA), que representa al colectivo de la enseñanza concertada andaluza, ha interpuesto ya por vía de uno de sus miembros una demanda judicial contencioso-administrativa por la problemática abierta al reclamar la equiparación salarial con los docentes de la educación pública por no restituir la Junta en 2015 a estos profesionales la totalidad de la paga extra, como sí se ha hecho con los otros.

El vicepresidente de la PHA, José Guardia, ha confirmado este extremo a Europa Press después de una reclamación individual interpuesta por él mismo en el plano administrativo y de la cual no ha obtenido resultados satisfactorios. Ha añadido que esperan tener noticias del recurso judicial en el plazo de "seis u ocho meses".

Este verano, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, anunció en el Parlamento que se dará efecto al acuerdo firmado en diciembre de 2014 para anticipar las retribuciones correspondientes a la paga extra, una vez que se modifique la disposición adicional sexta de la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para este año.

No obstante lo anterior, Guardia ha señalado que la plataforma ha estimado oportuno seguir adelante con la causa judicial, formalizado a finales del pasado mes de julio, y que la misma no se retirará, en principio, "hasta que no cobremos".

La PHA se ha mostrado muy combativa respecto a este asunto. Recientemente, cerca de un centenar de delegados de la asociación se concentraba en la Cámara autonómica y registraron más de 1.200 firmas por la "humillación" que para ellos supone no recibir las cantidades recortadas que sí perciben los docentes de la enseñanza pública.

La petición concreta del colectivo pasa por anular el acuerdo del pasado 23 de diciembre, suscrito entre los sindicatos mayoritarios del sector y la Junta, que contempla el compromiso de que el acuerdo de equiparación volverá a estar completamente en vigor en 2016, la devolución en un periodo máximo de tres años de las cantidades correspondientes a 2015 y la adopción en este año de medidas que posibiliten ya algún abono.

La plataforma llegó a elaborar una carta informativa dirigida a toda la comunidad educativa —profesores, personal de administración y servicios, padres y alumnos— informando sobre la "discriminación" que sufren los trabajadores de los centros concertados después del acuerdo que sobre retribuciones firmaron Junta, patronales (Escuelas Católicas, CECE y ACES) y los sindicatos FSIE y UGT, que supuso la suspensión del acuerdo de 2008 de equiparación retributiva.

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