Agentes de la Guardia Civil han desarticulado la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez por estar presuntamente dedicada a la explotación laboral de personas condenadas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad, en el ejercicio de la 'Operación Trassos', que ha permitido detener a 14 personas, entre ellas, un exalcalde y el exjefe de la Policía Local de Loriguilla (Valencia) y un exconcejal de Gilet, en la misma provincia.

En los registros practicados, los agentes se han incautado de abundante material informático, electrónico, documentación y siete vehículos. A través de esta entidad 1.450 personas cumplieron sus condenas de trabajos en beneficio de la comunidad y se calcula que entre ellas hay "centenares" de víctimas.

El entramado criminal presuntamente diseñado por la Fundación consistía en la explotación de laboral de personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad que eran empleados "bajo amenaza o coacción" en beneficio privado de empresarios y entidades locales durante 2010, 2011, 2012 y 2013.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el presidente de la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez, con sede en Loriguilla, así como su familia, que formaba parte del patronato, supuestamente ofrecía a sus amistades, empresarios, autónomos o cargos públicos, la mano de obra de estas personas, a las que presuntamente amenazaba "con no justificar la prestación de las penas impuestas a través del Servicio de Gestión de Penas de Vigilancia Penitenciaria de la Ciudad de la Justicia de Valencia", con quien la entidad tenía firmado un convenio.

La Fundación recibió a través de este convenio a 1.450 personas, entre las que un "elevado número" han sido víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Muchas de ellas desarrollaron trabajos de mantenimiento de empresas privadas y viviendas de particulares como pintura o albañilería, para lo que supuestamente "recibían incluso amenazas y coacciones" de los miembros de la fundación con no firmar la justificación de las horas de trabajo en beneficio de la comunidad si no aceptaban los trabajos ordenados, que "nada" tenían que ver con los autorizados por el Servicio de Gestión de Penas.

Entre las distintas actividades laborales irregulares, los investigadores han detectado trabajos realizados en el Ayuntamiento de Loriguilla, con la autorización del entonces alcalde del consistorio, que ha resultado detenido, en servicios de seguridad pública en horario nocturno en las calles del municipio. Estos servicios eran supervisados por el que era jefe de la Policía Local del municipio, también detenido, en labores de 'serenos' "sin ningún amparo normativo, y vulnerando los principios esenciales de los derechos del trabajador y su seguridad física y jurídica", según la Guardia Civil.

Durante la fase de explotación de la operación se ha detenido a los administradores de las empresas, particulares, autónomos y responsables públicos para los que los trabajadores realizaron labores sin ser remunerados, y se ha constatado la existencia de una organización criminal "perfectamente estructurada" que, de acuerdo con la Guardia Civil, "contaba con la connivencia de cargos públicos del Ayuntamiento y miembros de la Policía Local de Loriguilla (Valencia)", sin los cuales los miembros de la fundación no habrían podido ejecutar los hechos delictivos.

De acuerdo con las investigaciones, el exalcalde de Loriguilla preusntamente llevó a cabo la desviación de fondos públicos para sufragar los gastos de los vehículos que la Fundación empleaba para trasladar a las víctimas y que fueron también empleados en los coches particulares del presidente de la Fundación y su familia.

La investigación también ha supuesto la detención de un exconcejal del Ayuntamiento de Gilet (Valencia), para el que presuntamente se habrían desviado trabajadores a través de la Fundación para el desarrollo de trabajos en su empresa de la localidad de Alboraya (Valencia).

En la fase final de la operación policial se practicaron dos registros en un domicilio y una asesoría jurídica, ambos pertenecientes a los miembros de la Fundación, donde los agentes interviniendo una "gran cantidad" de documentación relativa a los trabajos en beneficio de la comunidad desarrollados en los ayuntamientos de Loriguilla y Gilet. Así mismo se han recuperado siete vehículos, además de material informático y electrónico.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Equipo de Policía Judicial de Ribarroja, bajo la dirección del juzgado de Instrucción número dos de Llíria (Valencia). La Guardia Civil destaca que con esta operación se ha detectado una modalidad de trata de seres humanos con fines de explotación laboral "sin precedentes" en la provincia.