El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, cuya deuda global rondaría los cien millones de euros y con siete nóminas y media pendientes de pago a su plantilla, analiza actualmente la nueva convocatoria del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) de la Diputación, incluyendo "la letra pequeña y los requisitos concretos de la convocatoria", mediante la cual la institución provincial ofrece a los ayuntamientos adelantos con cargo a la recaudación de sus tributos.
En declaraciones a Europa Press, el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel del Valle (IP-IU), ha indicado que el Consistorio palaciego considera "muy importante el préstamo de legislatura por sus ventajas a la hora de devolver el pago". Este préstamo —novedad de la convocatoria 2015 del FEAR— tiene un plazo de reintegro de 37 mensualidades, coincidiendo con el cierre del mandato que se acaba de iniciar y que finaliza en abril de 2019.
Los Palacios, por cierto, sopesaba esta semana "dejar de prestar directamente determinados servicios públicos y dejárselos a la Junta de Andalucía", a la que acusa de adeudarle unos dos millones de euros que agravan la cruda situación de este consistorio que, a sus 350 funcionarios y empleados públicos, les adeuda ya el cobro de siete nóminas y media. El Gobierno municipal llega ya a cuantificar en unos cien millones de euros la deuda general de esta Administración local.
Las nóminas pendientes
Valle ha confimado que después de que se apruebe en el pleno de la Diputación los FEAR se convocará en pleno en el Ayuntamiento para que se apruebe la petición de fondos, pero desconocen la cantidad a la que podrán acogerse. El alcalde ha señalado que durante agosto han pagado una nómina más de las que los 350 empleados de la administración local tienen pendiente, además de haber liquidado "con fondos propios" el Plan +30 de la Junta.
A esta "delicada situación", según del Valle, se suman deudas por unos dos millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, como consecuencia del impago de "subvenciones a programas y convenios, poniendo en serias dificultades la prestación de los servicios públicos por parte del propio ayuntamiento".
En ese sentido, expone por ejemplo que la Junta adeuda unos 250.000 euros acordados para las anualidades 2013 y 2014 del servicio de orientación laboral Andalucía Orienta, un servicio "competencia de la Junta de Andalucía" y en el que el Ayuntamiento, como "mero colaborador" contrató a la plantilla con cargo a las subvenciones comprometidas pero no abonadas.
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