Ruiz destaca que la investigación interna en la Guardia Civil se inició tras conocerse el transporte irregular

El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, ha destacado que la investigación interna en el seno de la Guardia Civil se inició "desde el momento en el que se tuvo conocimiento" del supuesto transporte sin permiso de piezas del Centro Botín, a cargo de una empresa supuestamente vinculada a un agente y en el marco de una operación coordinada, al parecer, por el exjefe de Tráfico en Cantabria, Lorenzo Bárez.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, ha destacado que la investigación interna en el seno de la Guardia Civil se inició "desde el momento en el que se tuvo conocimiento" del supuesto transporte sin permiso de piezas del Centro Botín, a cargo de una empresa supuestamente vinculada a un agente y en el marco de una operación coordinada, al parecer, por el exjefe de Tráfico en Cantabria, Lorenzo Bárez.

A raíz de estos hechos, por los que ambos efectivos de la Benemérita han sido denunciados y están siendo investigados, se procedió a abrir una investigación interna, para posteriormente trasladarla al juzgado, en concreto al de Instrucción número 1 de Santander.

Así lo ha señalado Ruiz, que ha explicado que el objetivo de estas acciones, iniciadas a raíz de una "denuncia anónima", es continuar con la investigación para definir si se podría haber cometido alguna actuación irregular.

El delegado se ha expresado en estos términos después de que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) haya informado este miércoles en rueda de prensa de que el teniente coronel exjefe de la Guardia Civil de Tráfico en Cantabria y un agente de este Cuerpo han sido denunciados y están siendo investigados por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por supuestamente organizar el transporte sin permiso de piezas al Centro Botín.

Al parecer, a lo largo de 2014 se realizaron un centenar de viajes desde la periferia de Santander al centro de la ciudad, donde se construye el edificio, a cargo de una empresa propiedad del agente implicado o de familiares suyos. Este efectivo pertenecería al servicio de COTA, Central Operativa de Tráfico, encargado de la distribución de las patrullas de la Benemérita, y que supuestamente desviaría a las que estuvieran por la zona a otro lugar, en base a "incidencias fingidas".

Según la agrupación, en esta "trama" de "corrupción interna" estarían involucrados más agentes, aunque no se habrían encontrado indicios suficientes o pruebas contra ellos.

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