Como consecuencia de los "problemas detectados" en los juzgados de Utrera (Sevilla), la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el departamento de Jesús Maeztu, a través de una resolución fechada el 20 de julio y recogida por Europa Press, ha solicitado a la Junta de Andalucía una serie de "medidas singulares", como un "reparto de asuntos que "equilibre" la carga asignada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres.

En su resolución, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz señala "una vacante del personal funcionario asignado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres, la complejidad de la carga de trabajo acumulado en el órgano y la carencia secular de una estructura suficiente de medios personales para atender los asuntos", con lo cual este juzgado, "de manera harto evidente excede los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial".

Así, Maeztu recomienda que se estudie un "reparto de asuntos entre los órganos del partido judicial de Utrera", acordado por el decanato y junta de jueces, que "equilibre" la carga de asuntos asignada hasta el momento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Utrera. Para ello, aboga por el análisis y el apoyo técnico de la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal.

Además, reclama "agilizar" el procedimiento de seguimiento promovido sobre el citado juzgado mixto número tres de Utrera, aplicando "las medidas correctivas o de aplicación que se definan entre las conclusiones de dicho seguimiento". En este sentido, ha abogado por que se actúe desde la "cooperación y colaboración previstas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial.

"punto negro"

Esta resolución trasciende después de que el decano de los abogados sevillanos, José Joaquín Gallardo, lamentase que "el Estado mantenga el partido judicial de Utrera como el principal punto negro de toda la justicia andaluza y que los abogados tengamos que acudir a Europa ante la pasividad que desde hace años mantienen los políticos españoles".

La denuncia elevada a la Comisión Europea fue inicialmente archivada, pero los promotores de la misma solicitaron su revisión ante "la situación lamentable y de inexistencia de justicia en Utrera, un asunto que se lleva evidenciando desde el año 2000 cuando menos".

Asimismo, la juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 denunció posteriormente el "completo colapso" que sufre este órgano judicial al tener una plantilla "absolutamente precaria e insuficiente" que "no da abasto para tramitar la desbordante cantidad de asuntos" que se ingresan casa año y ha criticado por "inaudito" que la Junta de Andalucía "tarde tres meses en cubrir" la baja por enfermedad de una funcionaria.