El PP se atribuye solo 400 millones de los 1.200 en los que creció la deuda de Cantabria la pasada legislatura y achaca los 800 restantes que se generaron al pago de facturas anteriores a 1 de enero de 2012, atribuibles al primer bipartito PRC-PSOE, y a un cambio contable motivado desde Europa que supuso la inclusión en la estadística del Banco de España de conceptos de deuda de las comunidades que antes no se contabilizaban.

Así lo ha aclarado en rueda de prensa la portavoz de Economía del PP y consejera de este área con el Gobierno del PP en la anterior legislatura (2011-2015), Cristina Mazas, quien ha desmentido las afirmaciones del actual Ejecutivo regional que acusaban a los 'populares' de haber doblado con su gesstión la deuda de la comunidad autóoma, pasando de ser 1.300 millones a comienzos de legislatura a 2.500 al concluir.

"Es absolutamente falso", ha aseverado Mazas, quien ha insitido en que "buena parte" de ese incremento "no se puede atribuir" al PP. De hecho, la exconsejera ha explicado que Cantabria no podría haber concertado deuda por importe de 1200 millones de euros -que es lo que se incrementó entre esos años— porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera no lo permite y establece que el incremento de deuda no puede superar el de déficit.

En este sentido, Mazas ha explicado que son esos 400 millones de deuda atribuibles al Gobierno del PP los que se corresponden con los déficit. que es lo permitido por la Ley.

Respecto al incremento de deuda, Mazas ha detallado que el mayor incremento se produjo en el año 2012, en la que se recoge una deuda de 700 millones de euros en ese ejercicio, algo que ha atribuido a ese pago de facturas anteriores al 1 de enero de 2012".

Así, ha recordado que Cantabria aprobó una ley por las que se regularizaron "las facturas en el cajón" mediante un crédito extraordinario de 300 millones para pagar facturas de hasta 2008. Fue también ese año cuando la actualización del sistema europeo de cuentas motivó que pasara a computarse como deuda de la comunidad actuaciones que hasta entonces no se consideraban como tal, como la llamada financiación estructurada, por la que se imputaron 200 millones de euros más correspondientes de obras anteriores a ese ejercicio.

A ello se añade la deuda de las obras de pago aplazado, fundamentalmente las de la Consejería de Obras Públicas en carreteras que se van abonando en varias anualidades, los descuentos de proveedores y la consolidación de la deuda del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), que supusieron otros 80 millones de euros más.