El jefe del Servicio de Salud Pública de la Delegación Territorial de Salud de la Junta en Córdoba, Francisco Antón, ha mostrado este jueves su "solidaridad" con el comedor del antiguo colegio Rey Heredia de la capital cordobesa, que "hace una labor social", pero destaca que "hay que tener en cuenta que primero defendemos la salud de las personas, que coman en condiciones seguras y no tenga repercusión para la salud".

Así lo ha manifestado Antón, en declaraciones a Europa Press, después de que la Junta de Andalucía les ha comunicado a los activistas del Rey Heredia la apertura de un expediente sancionador por un importe que alcanza los 5.300 euros por la actividad de la cocina abierta en el centro social.

Al respecto, el responsable de la Junta asegura que entiende que "a estas actividades, sean públicas o privadas, con ánimo o no de lucro, se les tiene que aplicar una norma establecida en la ley, sea de las características que sean", de manera que "tengan unas garantías las personas que comen allí".

En este sentido, subraya que "la administración sanitaria tiene la obligación de velar por la salud de las personas que hacen uso de establecimientos, ya sea públicos o privados, porque la normativa lo contempla así", a lo que añade que "se toman una serie de garantías de seguridad y salubridad en los sitios donde se consuman alimentos".

En concreto, ha detallado que "hace ya tiempo hubo una primera petición del Ayuntamiento de Córdoba en el sentido de pedir que informáramos de las circunstancias en las que estaba el comedor", ante lo cual fueron desde la Junta y comprobaron que "funcionaba", ante lo cual se le dio al Rey Heredia "información sobre qué tenían que hacer", al tiempo que se les explicó "con la máxima claridad posible que tenían una responsabilidad en cuanto a las condiciones técnico sanitarias que tenían que reunir para poder dar comida".

Por tanto, se les comunicó que "cuando tuvieran las condiciones tenían que solicitar una autorización para poder funcionar". Si bien, posteriormente, en la Junta han recibido "una denuncia de un particular sobre que el espacio seguía funcionando y no tenían condiciones", explica Antón, quien apunta que "se comprobó y se vio que efectivamente había una serie de deficiencias que no habían sido subsanadas con respecto a lo que se les informó anteriormente y estaban funcionando sin la autorización que tenían que tener".

De este modo, explica que "en este momento lo que hay es un expediente sancionador como consecuencia de unas deficiencias que se reflejan en acta tras la denuncia", lo cual tramita "una sección de procedimientos, que es la que abre el procedimiento sancionador, y lo que ha hecho esta sección es comunicar al interesado que tiene abierto un procedimiento y se hace la propuesta de sanción determinada, en base a la ley sobre las deficiencias encontradas", y en ello, agrega, "se les hace ver que no tienen las condiciones mínimas para poder funcionar".

Nuevos pasos

Mientras, el jefe del Servicio de Salud Pública de la Delegación Territorial de Salud detalla que "ellos tienen posibilidad de realizar alegaciones, se estudiarán y si de alguna manera pueden modificar las cuantías o la gravedad del procedimiento, los instructores serán los encargados de ajustar o no de acuerdo a las alegaciones presentadas".

Y en caso de que termine el procedimiento y sean sancionados con "la cantidad que sea", destaca que "tienen derecho a recurrir ante instancias superiores, incluso salirse del procedimiento administrativo cuando haya terminado e ir al contencioso-administrativo, para intentar dirimir si está bien hecho el procedimiento".

En concreto, el colectivo Acampada Dignidad, que ya ha anunciado que presentará alegaciones, ha señalado en una nota que la sanción más importante, por 5.000 euros, corresponde a una infracción administrativa por el hecho de no haber comunicado la apertura de un establecimiento alimentario con anterioridad a su puesta en marcha, y se deduce de la inspección que se llevó a cabo el pasado 23 de marzo.

Dicho expediente sancionador se inició a instancia del anterior gobierno municipal de PP, "que procedió a denunciar ante las autoridades sanitarias a la cocina abierta del Rey Heredia tras cortar el suministro de agua, sabedor de que no contar con el mismo impedía continuar con la actividad del comedor".

Aunque el pasado 30 de junio el nuevo gobierno municipal se inhibió en la resolución de este expediente, y a pesar de que desde el 23 de marzo de 2015 se interrumpió la actividad de la cocina abierta, "dejando con ello a las decenas de familias que participaban en la misma sin esta alternativa para proveerse de una alimentación digna de forma cotidiana", el procedimiento ha continuado y la Junta de Andalucía propone ahora una sanción de 5.300 euros por dos infracciones, según indica el colectivo.