Cantabria prestará asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares que lleven tres meses empadronados en la Comunidad Autónoma e independientemente de sus ingresos económicos.

Así consta en una orden de la Consejería de Sanidad, publicada este lunes y presentada en rueda de prensa, que regula la inclusión en el sistema sanitario público autonómico de los residentes en la región que no tengan acceso a un sistema de protección, orden que deroga el Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública aprobado por el anterior Gobierno del PP en noviembre de 2013.

La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, ha destacado que con esta nueva orden se recupera la prestación del servicio sanitario, de manera universal y gratuita, a "todas" las personas que residan en Cantabria, cuando lleven tres meses empadronadas en la región, frente a los seis meses que se exigían hasta ahora (los 90 días es el límite mínimo obligatorio, pues por debajo de ese periodo a los extranjeros se les considera 'turistas').

Además, dicha asistencia se prestará con independencia de la situación económica de los inmigrantes, mientras que en la orden de noviembre de 2013 de los 'populares' figuraba como requisito que los usuarios no dispusieran de ingresos, ni en España o en su país de origen, superiores en cómputo anual al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Así, "ni una sola persona residente en Cantabria quedará a partir de hoy fuera del sistema sanitario público", ha sentenciado la también consejera de Política Social, en una comparecencia ante los medios que ha ofrecido junto a la titular de Sanidad, María Luisa Real.

Díaz Tezanos ha comparado las "notables diferencias" entre la orden aprobada por el bipartito PRC-PSOE -que entra en vigor este martes, 18 de agosto- y la que recibió luz verde con el Ejecutivo cántabro hace año y medio, y que "suavizaba" un decreto anterior del Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha señalado que mientras la aprobada por el PP de Ignacio Diego constituía un "programa" de "beneficencia", la de ahora reconoce un "derecho" a los afectados, y hace también mención expresa a las personas, nacionales o extranjeras, "no registradas y autorizadas a vivir en España". También se reconoce el derecho a los españoles que lo perdieron por estar en paro y sin prestación, o a quienes lleven más de tres meses en el exterior.

Igualmente, la vicepresidenta ha subrayado la agilización del procedimiento actual, frente a la "lentitud" del anterior, al no ser necesario verificar los requisitos económicos. Así, el plazo máximo para resolver las solicitudes de tarjetas identificativas será de dos meses, uno menos que antes. Y además de otorgarse expresamente carácter positivo al silencio administrativo, se amplía el periodo de validez de las tarjetas, que pasa de un año a dos.

En este sentido, y a preguntas de los periodistas, la consejera de Sanidad ha explicado que únicamente se desestimarán solicitudes de la tarjeta sanitaria cuando exista un convenio en este área entre España y el país de origen del demandante, como ocurre con Marruecos, o en el caso de los estados miembros de la Unión, al existir la tarjeta sanitaria europea. En ambos supuestos, en Europa o cuando haya convenios, se presta la asistencia sanitaria y se factura después al país de origen del beneficiario.

En cuanto a las prestaciones sanitarias, los inmigrantes irregulares podrán recibir aquellas de la cartera común básica y suplementaria, en las mismas condiciones de igualdad y calidad que el resto de usuarios. Además, las asistencias serán realizadas por los profesionales sanitarios en centros, establecimientos y servicios del sistema sanitario público de Cantabria, propios o concertados.

En el ámbito de la atención primaria se incluye la realización de métodos diagnósticos, preventivos y terapéuticos. Y en el caso de que el proceso asistencial lo requiera, el tratamiento farmacológico formará parte del mismo. La prescripción de medicamentos se realizará en receta oficial.

De compromiso a realidad

"Este gobierno dice y hace, promete y cumple", ha sentenciado Díaz Tezanos, que ha recordado que hace menos de un mes se comprometió con la plataforma contra la exclusión sanitaria a recuperar esta asistencia para extranjeros irregulares. Así, este "compromiso", que pone fin a una medida "injusta" y "discriminatoria" que ha dejado al margen del sistema a unos 870.000 inmigrantes irregulares en España -cerca de 5.000 en Cantabria- es hoy una "realidad".

En este punto, la consejera de Política Social ha señalado que en la práctica este derecho se ha prestado en el mismo momento en que se anunció, ya que desde entonces los afectados han sido atendidos en los centros de salud cántabros, para que tuvieran una cobertura sanitaria que ahora es "legal" en virtud a al orden publicada en el BOC.

Con todo ello, la vicepresidenta y consejera de Política Social ha enfatizado que esta orden obedece a la "seña de identidad" de un gobierno socialista, para "universalizar" el sistema de salud y garantizar así el derecho al mismo a toda la población, con independencia de donde viva, su situación económica o condición social.

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