Señalan como la «causa fundamental» del derrumbe del túnel la no detección de esta zona de roca fallada que tenía una amplitud «suficiente para provocar la inestabilidad al no existir un sostenimiento apropiado». En 2005, un técnico de la Generalitat ya apuntó esta causa en la comisión parlamentaria de investigación.

Además, un aparato de auscultación que controla las deformaciones no fue bien leído. Estuvo más de dos meses sin lectura y «sus resultados anómalos» no consiguieron que se reconsiderara la calidad del terreno.

Advertido en el proyecto

Tanto en el proyecto inicial como en el definitivo «se habían previsto secciones de tipo de sostenimiento para terrenos de mala calidad que se podrían haber aplicado», asegura el informe.

En el proyecto se apuntaba también la posible presencia de zonas de falla que afectaban a la cola de maniobras.

Responsabilidad civil del Govern

El informe pericial, a criterio del abogado de la acusación particular, Ignasi Fernández, que representa a 40 vecinos y comerciantes del Carmel, «reafirma» la responsabilidad civil de la Generalitat, promotora de la obra. Con el nuevo informe, Fernández afirmó ayer que se pueden ampliar las acusaciones a otras personas que no están imputadas, tal como piensa plantear a la jueza instructora que lleva el caso. Por el hundimiento están imputadas por un presunto delito de daños y estragos por imprudencia seis personas, entre las que destacan el director de la obra de la L5 del metro e ingeniero de caminos de la constructora TEC4, el ingeniero responsable de los estudios geotécnicos y el gerente de la empresa pública GISA.