El PP de Sevilla ha alertado este miércoles de que "la falta de control" de la Junta de Andalucía podría generar más casos como el desahucio de La Rinconada el pasado mes de junio y ha lamentado que el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, "tire balones fuera y no asuma su responsabilidad" en la gestión del parque de viviendas sociales de la propia Junta de Andalucía.

La portavoz de Fomento y Vivienda en el Parlamento andaluz y diputada por Sevilla, Alicia Martínez, ha lamentado a través de un comunicado que el consejero de Vivienda "tire balones fuera como demostró en la comisión de Fomento y Vivienda ante una pregunta parlamentaria sobre este desahucio cuando la Junta de Andalucía es la competente en controlar sus propias viviendas sociales".

Para Martínez, es "inadmisible" que se haya producido este desalojo sin que la Junta "ni siquiera tuviera constancia de ello". "Esto no solo evidencia la falta de control sobre estas viviendas, sino que además, haya constatado que se siguen produciendo desahucios de viviendas en Andalucía, en este caso de alquiler, y en el propio parque social de la Junta", ha declarado.

En suma, la portavoz de Fomento y Vivienda en el Parlamento andaluz ha manifestado que es "lamentable" que la Junta mantenga en La Rinconada más de 700 viviendas sociales, de las que 400 están en la barriada La Estacada o en la Barriada de La Cruz, que es donde se produjo el desalojo forzoso, "sin control de ningún tipo e incluso con compraventas ilegales con préstamos bancarios, para apropiarse de un derecho que en este caso no está garantizado".

La parlamentaria popular ha afirmado que "no pueden entender que la adjudicataria de la vivienda social la vendiera 'bajo cuerda' a otra familia y ésta a su vez a otra mientras la Junta de Andalucía mira para otro lado y sin cobrar los alquileres".

Además, Martínez ha afirmado que, mientras "se trafica con estas viviendas y se especula con ellas, hay familias que se ven afectadas realmente por la imposibilidad de acceder a una vivienda y la única respuesta del consejero es desentenderse de estos hechos diciendo que no han sido requeridos por el Juez en el proceso judicial".

"La Junta de Andalucía está obligada a garantizar la seguridad jurídica y los derechos y deberes de las familias que viven en las viviendas sociales de la Junta de Andalucía", señala, reiterando que sin embargo "no solo no está cumpliendo su obligación sino que además, con la actitud del consejero se temen que van a continuar con su falta de control y, en consecuencia, podrían producirse nuevos casos como el producido en La Rinconada".

Finalmente, Martínez ha manifestado que el Gobierno de Susana Díaz no puede seguir "con los ojos tapados ante el mal uso de un parque social de vivienda, o sin poner en orden la gestión de los alquileres sociales, porque supone un clientelismo totalmente rechazable por tratarse de un derecho humano, como es la vivienda".