La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha instado al Ayuntamiento de Sevilla a que adopte las medidas pertinentes para dotar al Tribunal Económico-Administrativo municipal de "medios suficientes", con el objetivo de evitar "retrasos estructurales en la tramitación de reclamaciones".

Según la resolución, recogida por Europa Press, recomienda que se adopten las medidas que procedan para dotar al citado tribunal de los "medios suficientes que permitan evitar los retrasos estructurales" que se producen en la tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se presentan por parte de la ciudadanía.

El Defensor recuerda los deberes legales contenidos en la Constitución, del Estatuto de Andalucía y de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, "conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites". Menciona además la norma sustantiva de Régimen Local, la Ley General Tributaria y la norma orgánica propia del Tribunal Económico municipal.

Así, hace referencia al caso concreto de la reclamante ante el Defensor, a la que el Ayuntamiento en noviembre de 2012 le notifica una liquidación por 957,33 euros de la tasa de basura de un local destinado a despacho profesional de los ejercicios 2009 a 2012. Interpuso una reclamación sobre que "nunca" se le habría notificado el inicio del expediente de comprobación limitada y se oponía a la liquidación del tercer trimestre de 2012 porque "se había acreditado que el 30 de junio de 2012 el despacho se había cerrado".

Dos años para una resolución sobre una reclamación

Solicitó la suspensión de la liquidación, "sin que desde los órganos de la Administración Tributaria Municipal se le facilitara respuesta o notificación alguna", sino que en julio y agosto de 2014 se le realizaron embargos en cuenta por un importe total de 1.222,42 euros.

Tras plantear al tribunal la necesidad de resolver "sin más dilaciones los escritos presentados", indica que desde la presidencia del citado tribunal se le manifiesta que su reclamación había entrado en el registro el 15 de abril de 2013, previendo decidir sobre su resolución "dentro de dos años" ante el "volumen de reclamaciones tramitadas".