La Comunitat Valenciana es la autonomía que obtiene la peor calificación de todo el Estado —un 1,25— en cuanto a la gestión del sistema de atención a los dependientes, según el XV Dictamen del Observatorio de la Dependencia, presentado este miércoles en Madrid.

La entidad señala que, finalizada oficialmente la etapa de implantación del sistema, el resultado de la aplicación de la escala de valoración a fecha julio de 2015 refleja que tres comunidades destacan con calificaciones notables: Castilla y León (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía (7,50), mientras que dos autonomías se encuentran entre el aprobado y el notable: Extremadura (6,67) y La Rioja (6,67).

Asimismo, hay seis comunidades que rozan el aprobado (todas ellas con 4,58 puntos): Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria y Galicia; y seis que suspenden: Baleares (3,75), Aragón (3,75), Canarias (3,75), Murcia 3,75), Madrid (3,33) y, con la peor calificación, la Comunitat de Valencia (1,25). El caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el Imserso, el resultado es también un rotundo suspenso (2,50).

El informe señala que la Comunitat es "la que peores datos presenta en todos los indicadores oficiales de gestión" y reprocha que "no ha activado ni un solo servicio de ayuda a domicilio en el marco del Sistema de Atención a la Dependencia en ocho años".

Apunta también a la existencia de una larga lista de espera —a la que habrá que añadir los nuevos titulares de derecho del grado I, advierte— y concluye que "la nefasta gestión y falta de inversión lastra claramente las posibilidades reales de atención del sistema en la Comunitat Valenciana".

Respecto a las cifras, esta radiografía recoge que a 30 de junio de 2015 había en esta autonomía 91.894 solicitudes —7.889 menos, un -7,91 por ciento— que a 1 de julio de 2014 y que la personas valoradas son 89.447. Las personas con derecho a prestación se cifraban el pasado mes de junio en 52.044 y las atendidas en 41.337. En cuanto a los servicios entregados en un año han disminuido un 1,10 por ciento, al pasar de 26.882 en julio de 2014 a 26.585 el junio pasado.

En el marco de la presentación del XV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha asegurado que la organización está estudiando presentar un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para forzar al Gobierno central a aportar los recursos necesarios para "cumplir la Ley de Dependencia", particularmente en lo referente a la atención a los dependientes moderados.

Según ha explicado, la organización está en proceso de "buscar sinergias y alianzas" con otras entidades y con abogados con el fin de "plantear una acción colectiva" para reclamar el cumplimiento de la ley según los plazos de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), según los cual, a partir del 1 de enero de 2016 deberían estar atendidos tanto los dependientes graves como los moderados con derecho reconocido.

Ramírez ha indicado que "por benevolencia" no se planteará la demanda hasta enero del año que viene, pero ha asegurado que, con los actuales presupuestos y con los Presupuestos Generales para 2016, los recursos "no dan" para atender a los dependientes que tienen derecho a ello.

Así, ha criticado particularmente las aportaciones del Estado al SAAD debido a que, a su juicio, suponen el "incumplimiento" de la obligación legal de cofinanciar el sistema en igual proporción a las administraciones autonómicas.

En este sentido, ha recordado que desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor el derecho de las personas en situación reconocida de dependencia moderada a recibir prestaciones y cifra el número de dependientes de este tipo que se han incorporado al sistema en 314.570.

En total, sumando las 130.694 personas dependientes con derecho pero desatendidas a las que se han incorporado desde el pasado mes de julio, el número de personas en esta situación se sitúa en una cifra cercana a las 445.000 personas.

Para la asociación, cumplir con el derecho de todas estas personas a recibir prestación exigiría una aportación total (entre el Estado y las CCAA) de 3.100 millones. Sin embargo, ha indicado que la cantidad destinada por el Estado para estas prestaciones es de 370 millones de euros, un 12 por ciento del total necesario.

"asfixia financiera" para las ccaa

Según ha explicado Ramírez, el actual nivel de financiación supone una "asfixia financiera" para las comunidades que "se ven obligadas" a compensar la falta de aportaciones por parte del Estado, lo que a su vez da lugar a "desigualdades" en el desarrollo del SAAD según la comunidad autónoma. De hecho, ha asegurado que en algunas regiones la aportación de los usuarios al sistema "prácticamente iguala" a la del Estado.

Los nuevos gobiernos no podrán mejorarlo

En la actualidad, la media de aportación se sitúa en un 78 por ciento por parte de las administraciones autonómicas y en un 22 por ciento por parte del Estado.

"Si al ataque económico que se produce a las arcas de las comunidades autónomas se le añade la obligación de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, podemos entender que las comunidades autónomas no pueden soplar y sorber a la vez", ha manifestado.

De este modo, ha subrayado que la aportación de las administraciones regionales al sistema supone ya "un quebramiento económico" al que ahora se añade la obligatoriedad de atender a los dependientes moderados, por lo que se ha mostrado convencido de que, para los nuevos gobiernos autonómicos, "por mucho que busquen la eficiencia, el presupuesto para el año que viene no da" lo necesario para responder a las obligaciones legales.

En este sentido, ha calificado de "fraude" el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno este martes para 2016 y que finalmente se quedará en 70 millones de euros, según consta en el proyecto de PGE para 2016.

Ramírez ha asegurado que, a ese ritmo de incremento, "se tardaría 25 años en llegar a atender a todas las personas con derecho a prestaciones" y ha acusado al Ejecutivo de "haber hecho una canallada al levantar expectativas".