La Plataforma del Tercer Sector de Extremadura ha planteado a la Junta de Extremadura presidida por Guillermo Fernández Vara, la creación de una ley autonómica reguladora que dé "estabilidad institucional y económica" a este colectivo.

Además, esta plataforma ha indicado en nota de prensa que también pretende que la creación de esta ley "reconozca jurídicamente" a esta parte de la sociedad civil.

Estas y otras propuestas en materia social y de inclusión han sido trasladadas por parte de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura al presidente autonómico, Fernández Vara, en un encuentro que mantuvieron este pasado jueves.

Asimismo, la organización, presidida por Manuel López Risco, planteó la importancia de crear una mesa de diálogo civil de carácter permanente entre el gobierno autonómico y ésta plataforma de representación territorial.

En este sentido, con la adopción de estas acciones se pretende "fomentar la interlocución, la participación, la consulta y la negociación en la construcción consensuada de las políticas sociales y de inclusión de la comunidad autónoma".

A su vez, la Plataforma del Tercer Sector ha comunicado al presidente de la Junta de Extremadura una serie de medidas que, a su juicio, deben ser adoptadas con "carácter más urgente".

"Unas iniciativas basadas en el valor de la diversidad y la necesidad de gestionarla persiguiendo la convivencia y la integración de la ciudadanía, siempre bajo la promoción de la acción voluntaria en la sociedad y la no discriminación por razón de género, origen racial o étnico, discapacidad, edad u orientación sexual", ha explicado la Plataforma del Tercer Sector extremeña.

Más medidas

La primera de estas medidas se centra en la creación de un Fondo Autonómico "contra la exclusión social y la pobreza", integrado por al menos el 5 por ciento del total del presupuesto global de la comunidad autónoma, "con fondos de nuevo cuño, que sirva para financiar estrategias, programas y proyectos, y en cuyo diseño, despliegue y evaluación colabore activamente el tercer sector de acción social del territorio, que atenúen el devastador impacto social de la crisis económica de los últimos años".

Además, este colectivo también apuesta por el "compromiso firme" del Gobierno autonómico para "no aplicar" la participación en el coste de los servicios sociales, "eximiendo del copago en el acceso a los bienes y servicios esenciales, a las personas en situación de vulnerabilidad y a su núcleo familiar de convivencia".

Otra de las medidas está dirigida a la aprobación de una legislación autonómica de acompañamiento activo a la familias y demás unidades de convivencia, así como la elaboración de un plan que garantice el acceso de las mismas a bienes sociales básicos como la vivienda, el suministro energético, la alimentación, la sanidad, los cuidados de salud, etc.

A su vez este colectivo también ha pedido la aprobación de una "legislación autonómica de igualdad y no discriminación" que garantice la igualdad de trato en todos los temas concernientes a la administración y las políticas puestas en marcha en el ámbito autonómico y local.

Además de la creación de un órgano que proporcione protección jurídica real y efectiva contra las violaciones de derechos de personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad o más expuestos al odio, al acoso y a la exclusión, y que vele por la defensa de estos derechos.

Inclusión laboral

La adopción de una Estrategia Autonómica de Inclusión Laboral dirigida a grupos excluidos socialmente, que se fije como compromisos evaluables en el mandato (2015-2019); el desarrollo reglamentario de la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción de 21 de mayo de 2013, "con dotación adecuada y gestión ágil y eficiente" y el desarrollo reglamentario de la Ley de Servicios Sociales en Extremadura que "perfeccione el catálogo de prestaciones y servicios que aseguren la inclusión social de la ciudadanía", han sido otras de las propuestas.

A todas ellas se unen las propuestas de desarrollar una Ley de Acompañamiento Presupuestario de las leyes de contenido social que lo requieran; regular legalmente el "concierto social", modalidad de contratación administrativa entre la Administración pública territorial y las entidades sociales no lucrativas que gestionan servicios sociales de atención a personas y orientar preferentemente los fondos europeos que reciba la comunidad autónoma a políticas, estrategias y acciones innovadoras de inclusión social de grupos ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Finalmente el Tercer Sector extremeño también ha propuesto la aprobación de una partida en los presupuestos de la comunidad que recoja una asignación que garantice el funcionamiento y la sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura y de sus entidades; fomentar políticas transversales dentro de la estructura orgánica de la Junta de Extremadura y garantizar la puesta en marcha de políticas integrales dirigidas a la atención de los diferentes colectivos.

Cabe destacar que tanto el presidente como los miembros de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector presentes en la reunión, Cáritas, Cruz Roja, ONCE, Cermi, EAPN y AFEX, han valorado "positivamente" el encuentro y han destacado "el compromiso del presidente de la Junta, para trabajar, conjuntamente con las entidades sociales, las propuestas tratadas".