Junta prevé que el número de beneficiarios finales de las ayudas al alquiler sea de 7.000, que se publicarán en semanas

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha estimado que el número de beneficiarios finales de las ayudas al alquiler sea de 7.000, y ha anunciado que previsiblemente a finales de esta semana se culminará la fase de revisión y grabación de las solicitudes y se publicarán las listas de beneficiarios para la subsanación de incidencias.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha estimado que el número de beneficiarios finales de las ayudas al alquiler sea de 7.000, y ha anunciado que previsiblemente a finales de esta semana se culminará la fase de revisión y grabación de las solicitudes y se publicarán las listas de beneficiarios para la subsanación de incidencias.

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en comisión por la diputada de Ciudadanos Marta Escrivá, el consejero recordó que las ayudas al alquiler están contempladas en la orden de ayudas para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados y se trata de ayudas al alquiler dirigidas a viviendas libres a través de las cuales se subvenciona el 40 por ciento de la renta de alquiler de la vivienda destinada a vivienda habitual y permanente.

Ha recordado que este programa se desarrolla en el marco del convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento para la aplicación del Plan Estatal de la Vivienda y destina para el pago de rentas del alquiler durante 2015 un presupuesto de 15 millones de euros.

López ha apuntado que la tramitación de estas ayudas "no ha estado exenta de vicisitudes que han contribuido a dilatar en el tiempo los procedimientos previstos", toda vez que el Gobierno central exigió, vía requerimiento previo a un contencioso-administrativo, que modificaran la orden "ya que ésta excepcionaba a los beneficiarios de la ayuda de la prohibición de no hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social".

Ha explicado el consejero que con esta medida el objetivo de la orden era "ir más allá que los propios requisitos exigidos en el Plan Estatal para hacer las ayudas lo más accesible posible a las familias de ingresos reducidos, pues es muy frecuente que estas familias, precisamente por su vulnerabilidad, estén pendientes de abono de algún recibo de una tasa municipal, multa o cualquier otro impuesto o requerimiento administrativo, lo que impediría que pudieran ser beneficiarios de las ayudas".

No obstante, ha lamentado que "desafortunadamente al final, ante la amenaza de perder las ayudas, la Junta de Andalucía ha tenido que aceptar las exigencias del Gobierno central, ya que así lo había advertido el Estado".

López ha explicado que en la tramitación de las ayudas, el plazo se cerró el 30 de abril y se espera que el número de beneficiarios finales sea de en torno a 7.000.

En ese punto, ha indicado que "el elevadísimo número de solicitudes presentadas está provocando una demora en la tramitación y gestión de las ayudas", pero ha dejado claro que "en aras de la seguridad jurídica y la transparencia del procedimiento, no podemos prescindir de ninguno de los trámites establecidos, debiendo seguir el itinerario procedimental de las bases reguladoras".

De esta forma, prevé que a finales de esta semana se culminará la fase de revisión y grabación de las solicitudes y se publicarán las listas de beneficiarios para la subsanación de incidencias, continuando los plazos ordinarios para la resolución definitiva de las 7.000 ayudas previstas.

En cuanto a los pagos a las familias, la orden prevé que la ayuda se fraccione abonándose al inicio de cada mes en curso y que en el caso de existir meses ya vencidos se incluirán estas mensualidades en un único pago .

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Escrivá cree que la orden de ayudas "es ineficaz y no tiene en cuenta a las personas a las que van dirigidas las ayudas al alquiler", tras lo que ha solicitado que ayudas concedidas en abril se resuelvan en junio.

Además, Ciudadanos propone una validez de las ayudas de dos años y que sea el inquilino el que informe si ha cambiado su situación personal.

Ha pedido que "se agilice todo el proceso, para que la adjudicación y el cobro se lleve a cabo en el primer trimestre del año" y ha demandado que se cree un servicio gratuito de atención al ciudadano.

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