Ecologistas en Acción ha instado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que explique "cuándo se adoptarán medidas legislativas y políticas para que se cumpla el mandato constitucional de un uso racional del suelo y frenar la especulación urbanística", de forma que pide al Gobierno andaluz más medidas "para frenar la especulación".

Así lo ha explicado Ecologistas en Acción en una nota de prensa, en la que ha advertido que "el gigantesco fraude político, legal y electoral para legalizar la totalidad de las viviendas ilegalmente construidas está a punto de consumarse".

En ese sentido se ha referido al hecho de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó la semana pasada el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para "permitir legalizar la totalidad de viviendas y urbanizaciones ilegales existentes en Andalucía".

Los ecologistas han insistido en que "es muy significativo que la primera medida política y legislativa del gobierno de Susana Díaz no tenga como objetivo luchar contra la especulación y la corrupción urbanística, sino ampararla y favorecerla", asegura.

"La modificación de la LOUA persigue eliminar el artículo que declara imprescriptible las infracciones de los actos de urbanización en suelo no urbanizable", explica la organización, asegurando que "esta imprescriptibilidad "es un arma legal de enorme importancia para impedir que se consoliden estas urbanizaciones ilegales, y deberían haber permitido a ayuntamientos y a la propia Junta actuar para desmantelar estas obras de urbanización, como viales, redes de abastecimiento de agua y electricidad, entre otros".

"La absoluta desidia, cuando no manifiesta complicidad, de estas administraciones —que son las que tienen las competencias urbanísticas—, ha sido la principal causa de la existencia de esas miles de urbanizaciones y viviendas ilegales, y de la impunidad de los infractores y delincuentes urbanísticos", explica la organización, que insisten que "ahora pretenden blindar a estos propietarios para que no se les pueda aplicar las normas de disciplina urbanísticas contempladas en la ley", ha añadido.

"total impunidad"

Este colectivo ha agregado que "la incompetencia y desidia de la Junta en la lucha contra la especulación urbanística queda patente con el escandaloso dato de que sólo haya efectuado una media de 4,3 derribos al año", puesto que "de 5.438 casos investigados en los últimos años, sólo se han demolido 26 inmuebles, un 0,47 por ciento de los casos". "La impunidad es total", han resaltado.

Según Ecologistas en Acción, el argumento de la presidenta de la Junta es "una pura falacia", pues, "repite machaconamente que beneficiará a los propietarios extranjeros que compraron de buena fe, sin ni un solo dato que lo atestigüe", han destacado. Además, asegura que "los que realmente fueron estafados, pueden acudir a los tribunales, como así han hecho alguno de estos propietarios", explican.

Por su parte, la organización afirma que "la Junta asegura que esta modificación legal beneficiará 20.000 y 25.000 viviendas, pero la realidad es que no tienen ni idea del número de viviendas existentes, ni de la propiedad y uso de las mismas (primera residencia, alquiler, vacías, entre otros)".

Los ecologistas aseguran que así lo ha reconocido la Junta en respuesta a una petición de información realizada por Ecologistas en Acción sobre el número de viviendas y urbanizaciones ilegales y la situación jurídica de las mismas, en la que textualmente se asegura que "la Administración autonómica no conoce de forma precisa y detallada, los datos solicitados", explicando la organización que "no aportan ni un sólo dato de las viviendas y urbanizaciones ilegales existentes en Andalucía y del estado de las mismas", y en las que la Junta los remite a que dicha información lo soliciten a cada ayuntamiento.

A juicio del colectivo, la actitud de los máximos responsables de la Junta consiste en "amparar" a los que durante las últimas décadas han venido "incumpliendo la legalidad urbanística, apoyar a los infractores y delincuentes urbanísticos cuya actividad no hubiera sido posible sin las tramas de corrupción que se han desarrollado en numerosos municipios", aseguran desde Ecologistas en Acción.

Denunciar por prevaricación

En este sentido, la organización ha explicado que "la inclusión de un artículo que obliga a archivar los expedientes sancionadores de los ayuntamientos contra las viviendas y urbanizaciones ilegales es de una extrema gravedad, y totalmente ilegal, ya que supone una descalificación en toda regla de los ayuntamientos que han cumplido con la ley y expedientado a los infractores urbanísticos, y una injerencia inadmisible en las competencias municipales", aseguran, al mismo tiempo que afirman que van a estudiar "denunciar por prevaricación a los que apoyen esta norma manifiestamente ilegal".

Ecologistas en Acción asegura en el comunicado que "si el PP indultó a numerosos alcaldes condenados por estas tramas de corrupción urbanística, ahora el PSOE amnistía a los que han construido ilegalmente". En esto, considera que "poco se diferencian", han señalado, pues esta modificación contará con "el entusiasta apoyo del PP, como era previsible, y también de Ciudadanos, que no deja de ser preocupante, pues es un nuevo partido que se presenta con la bandera de la lucha en defensa de la legalidad y contra la corrupción". Ecologistas ha asegurado que ni el PSOE ni Ciudadanos llevaban esta reforma en su programa electoral, lo que supone por tanto "un fraude electoral".

"El discurso de la regularización de las viviendas ilegales es un arma política devastadora para el medio ambiente y el paisaje, así como para la política social, al favorecer unas formas constructivas que fomentan la insolidaridad y descohesión social, y para el propio estado de derecho al que desarbola en su núcleo más ejemplar, los jueces, fiscales, policía, políticos y ciudadanos cumplidores de las leyes, que son mayoría, constituyendo un escándalo de enormes proporciones", concluye Ecologistas en Acción.