El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado este viernes que el proyecto de Real Decreto de financiación e inclusión de precios de medicamentos del Ejecutivo nacional tiene como objetivo general "crear un marco jurídico estable en materia de financiación, fijación de precios e inclusión de medicamentos y productos sanitarios en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud" y, en "ningún caso, es comparable con el sistema de subastas andaluz", que ha sido recurrido por "ilegal".

Antonio Sanz ha explicado en un comunicado que lo que contempla el borrador del Real Decreto, que ha sido consensuado con las comunidades autónomas, es el desarrollo del artículo 93bis de la Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y uso, en aplicación de las competencias del Estado.

Ha añadido que dicho borrador, en el capítulo régimen de precios seleccionados, propone un sistema que "sólo sería aplicado en situaciones de necesidad, tanto económica como de protección de la salud".

Ha agregado que, según el sistema que se perfila en proyecto de Real Decreto, el Gobierno podría fijar el precio del medicamento afectado por esta situación excepcional teniendo en cuenta los precios que hay en el mercado y, una vez fijado el precio seleccionado, la industria decidirá si vende o no.

Sanz ha querido dejar claro que el proyecto no incluye "un sistema de subasta de precios que el Gobierno de España considera ilegal y ha recurrido" porque, según el dictamen solicitado al Consejo de Estado, "invade competencias del Estado y genera ineficiencias que están teniendo como resultado el desabastecimiento en algunos lugares donde se están aplicando".

El delegado ha recordado que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional las sucesivas subastas de medicamentos de la Junta de Andalucía a fin de "garantizar la igualdad de los españoles y porque considera que hay una invasión de competencias, ya que la legislación sobre el producto farmacéutico corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad".

Según Sanz, el Ministerio respeta las competencias de gestión sanitarias que corresponden a las comunidades, "pero actúa cuando éstas se exceden o toman decisiones en un ámbito que no es de su competencia, en especial cuando estas decisiones generan desigualdad entre los ciudadanos y territorios".