La Audiencia Provincial de Baleares continúa este lunes, a partir de las 09.15 horas, el juicio del conocido como 'caso Cloaca' centrado en el presunto desvío de más de 575.000 euros públicos en la contratación de sillas de plástico por parte del Consell de Mallorca.

El juicio tendrá lugar en la Sección Primera de la Audiencia y en él la secretaria técnica de Cooperación Local del Consell, Coloma Castañer, la exconsellera de este departamento, Catalina Julve y tres empreseraios están acusados prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad en documento mercantil.

Según el relato de la Fiscalía, que solicita para los acusados penas de 7 a 4 años de prisión para cada uno, Castañer y Julve beneficiaron con fondos públicos a determinados particulares, también acusados.

En su declaración, que tuvo lugar el jueves 16, Julve aseguró que la contratación del segundo lote de sillas para ayuntamientos de Mallorca, que se hizo cuando ella ya estaba en el cargo, fue una decisión de su predecesor y que firmó porque era una "necesidad" de los consistorios.

Julve, para quien el Ministerio Fiscal pide siete años de prisión, señaló que cuando sustituyó en el cargo a Miquel Riera, después de que este falleciera, se encontró que había un concurso para entregar un segundo lote de "2.100 sillas a 21 ayuntamientos", cosa que consideró una "necesidad" porque algunos municipios "no tenían ni tienen presupuesto" para comprarlas.

Respecto a que finalmente sólo hubiera un licitador para este concurso, que resultó ser el empresario Simón Galmés, dijo que ella se desvinculó de esta "pequeña" operación desde que la autorizó con su firma en marzo para empezar las tramitaciones y que no volvió a saber de ella hasta agosto cuando se resolvió y recayó en Galmés, para quien la Fiscalía también pide siete años de cárcel.

Sobre Galmés, que además prestaba servicios en la unidad de control y vigilancia de las empresas adjudicatarias de recogida selectiva de residuos, Julve precisó que él no la "necesitaba para trabajar", ni le "rendía cuentas" ya que tenía un contrato mercantil con las empresas de recogida de residuos aunque, matizó, tenía que ser controlado por un funcionario del Consell de Mallorca.