El pasado mes de mayo, el Gobierno de La Rioja abonó las facturas a sus proveedores en una media de 4,03 días, lo que supone un descenso del 79,76% con respecto a abril, y se sitúa muy por debajo de la media de las comunidades que fue de 45,20 días, y por debajo del límite de 30 días que establece la Ley de Morosidad.

En concreto, hasta el mes de mayo, la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha pagado en 0,42 días y los entes más ágiles en pagar a sus proveedores han sido el Consorcio de Aguas y Residuos con un ratio de 0,73 días; la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, con un ratio de 10,49 días; la Fundación Hospital de Calahorra, con un ratio de 12,83 días, y la Fundación Tutelar de La Rioja, con un ratio de 13,13 días.

Por otro lado, los entes que acumulan mayor retraso son la Fundación Práxedes Mateo Sagasta con un periodo medio de pago a proveedores de 114,04 días; la Rioja Turismo, con un plazo de 52,80 días; y Valdezcaray S.A, con 36,75 días.

Para el Ejecutivo regional, estos datos muestran el trabajo realizado por el Gobierno de La Rioja para luchar contra la morosidad comercial, con el objetivo de promover la competitividad de la economía y apuntalar la recuperación económica.

Cabe destacar, en este sentido, el Decreto que regula el registro de facturas y el servicio de facturación electrónica, de obligado cumplimiento para todos los proveedores de la Comunidad Autónoma de La Rioja desde el pasado año.

Ha permitido, por un lado, mejorar la gestión interna de las facturas para disponer de un mejor control del gasto público y del déficit, optimizando la planificación de la tesorería; y, por otro, facilitar a los proveedores el envío y seguimiento de sus facturas, así como una disminución de costes y ahorros de tiempos de envíos y recepción.

No obstante, los datos en detalle y su evolución se encuentran publicados en el Portal de la Transparencia del Gobierno de La Rioja de acuerdo a la metodología que aprobó el Gobierno de España para que todas las comunidades autónomas utilizasen el mismo sistema para calcular el periodo medio de pago, siendo así homogéneo y comparable.

Dicha metodología se enmarcan en la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el sector público que el Gobierno de España aprobó con el objetivo de erradicar la morosidad de las Administraciones y controlar su deuda comercial.