El mercado de los pisos de protección oficial no escapa, aunque pudiera parecer lo contrario, al boom generalizado de la vivienda. A pesar de que estas casas están sometidas a un régimen legal de protección, la normativa fija plazos que eliminan tal barrera y convierten a las VPO en material de negocio.

«Quien compró una casa protegida hace 20 años y la vende ahora en el mercado libre es como si se hubiera ganado la lotería», dice Fernando Encinar, portavoz del portal inmobiliario Idealista.com. Desde finales de 2004 hasta 2006, según datos de la Consejería de Medio Ambiente (hasta hace unos días encargada de los asuntos de vivienda) se han cuadruplicado las casas que se liberan para que sus propietarios puedan venderlas. El año pasado salieron al mercado 2.817 pisos protegidos, frente a los casi 700 de 2004. Esas casas, ahora, se podrían llegar a vender a más de 3.000 euros el m2.

«No tiene sentido que las VPO se destinen a la venta. Es que a una persona que compró con los precios de hace 20 años le hemos hecho un patrimonio inmobiliario increíble. Lo razonable es que las VPO se destinen al alquiler», explicar Fernando Encinar.

Prohibido en cinco años

Cada plan de vivienda fija el plazo para vender una VPO. Salvo excepciones en caso de que el propietario acredite una difícil situación económica u otros supuestos, un piso protegido no se puede vender en los primeros cinco años de ocupación.

A partir de ahí, hasta el decimoquinto año siguiente, la VPO puede ser vendida, pero a precio tasado (de 1.052 a 1.474 euro el m2) y con la autorización de la Administración. En 2006 se liberaron así 2.358 casas. A partir de los 20 años la vivienda es completamente libre y el mercado espera.

Devolver las ayudas

Uno de los requisitos para la liberación de los pisos de protección oficial y su posterior venta es devolver todas las ayudas que se cobraron de la Administración. La Comunidad de Madrid ofrece en su página web (www.madrid.org) una guía de venta de VPO. Lo mejor siempre, dicen, es llamar al 012 o acudir a la oficina de la vivienda puesto que, indistintamente del plan o el municipio en el que esté inscrito el piso, las autorizaciones siempre las da el Gobierno regional.