El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, encargado de la instrucción del 'caso Quality Food', ha emitido un auto en el que insta al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas a que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o la práctica de diligencias complementarias.

En el auto, que tiene fecha del 7 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda la imputación del empresario Manuel García Gallardo, quien fuera responsable de la empresa Quality Food, del exdelegado de la Zona Franca Miguel Osuna, y de Manuel Fedriani, antiguo jefe de gabinete de Osuna y actual director de la Zona Franca. Se les imputa un presunto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y administración fraudulenta.

Asimismo, se imputa a García Gallardo un delito de estafa, al igual que a cuatro de sus empresas y a cuatro personas de su entorno familiar. El último imputado es R.B.P, supuesto testaferro de García Gallardo al que se atribuye un delito de apropiación indebida y administración fraudulenta.

Como se recordará, la instrucción del 'caso Quality Food' se inició en febrero de 2004 e investiga el presunto quebranto de unos 30 millones de euros para las arcas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la compra de acciones de la empresa que ha dado nombre al procedimiento.

Igualmente, cabe señalar que Fedriani fue imputado tras declarar previamente como testigo de Osuna, quien pasó de denunciante a imputado después de siete años de instrucción del caso.

Razonamientos jurídicos

El auto recoge que de los hechos probados resulta que Osuna, con el asesoramiento de Fedriani y otras personas que no han podido determinarse hasta la fecha y cuya actuación ha quedado prescrita, en connivencia con García Gallardo, procedieron a desarrollar una conducta orientada a "desviar parte del presupuesto del Consorcio de la zona Franca de Cádiz" hacia el "patrimonio particular" creando "una trama con la que, en beneficio de sus arcas, han defraudado al erario público millones de euros".

Señala que Osuna, "valiéndose de su prestigio con el auxilio de Fedriani y el beneplácito del Ayuntamiento de Cádiz", y en su calidad de presidente de entidades como el Consorcio de la zona Franca y Sogebac, "obtenía de los caudales públicos de las referidas entidades unas cantidades que se destinaban a financiar la actividad empresarial de García Gallardo y del que finalmente se extraían para incorporarse a sus patrimonios individuales".

Argumenta que el hecho de que se persiguiese "un fin loable y legítimo" como aliviar la situación de paro de la provincia y fomentar la creación de empleo "no puede eludir la responsabilidad penal de todos los implicados que acordaron la decisión de dar a los caudales públicos un destino privado para satisfacer sus atenciones personales, dispusieran de bienes ajenos o incumplieran las normas relativas a subvenciones". Añade que "quienes nada hicieron para evitar o revertir esa situación" podrán tener, en su caso, sus propias responsabilidades.

Señala el juzgado que "no puede imputarse únicamente el engaño a Zona Franca como parecía desprenderse en la denuncia inicial", sino que todo ello se realizó "con la inestimable colaboración al menos de Osuna y Fedriani". Entre otras cuestiones, destaca que la existencia de irregularidades en torno a Quality Food "fueron destapadas y puestas en conocimiento tanto de Osuna como del Ayuntamiento de Cádiz sin que se iniciara ninguna actuación legal contra los mismos".

Asimismo, destaca que "toda esta trama y juego de corruptelas finalmente devino en el hundimiento económico de Quality cuando se descubrió que tras la fachada de una empresa de éxito se había creado un complejo entramado", el cual gozó a lo largo de un dilatado periodo de tiempo de "ayudas públicas y beneficios que eran desviados de forma sistemática hacia otros fines".