La Conselleria de Educación calcula que "la mayoría" de los profesores que han resultado afectados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló el acuerdo de interinos de 2013 van a poder volver a trabajar a lo largo del curso próximo, gracias a que los méritos acumulados durante el tiempo que han trabajado se tendrán en cuenta para la ordenación de la bolsa de trabajo.

Así lo ha asegurado el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que se ha referido a la situación generada a raíz de la anulación del acuerdo de interinos de 2013 —que firmaron el anterior equipo de la Conselleria y cuatro sindicatos— que supuso una rebaremación de las bolsas de acuerdo a la nota obtenida en las oposiciones. La exconsellera 'popular' María José Català impulsó el recurso contra la decisión judicial, que fue retirado al llegar Vicent Marzà al departamento de Campanar.

"Lo que nosotros hemos hecho es ejecutar una sentencia y sabemos que hay una parte que sale perjudicada", ha razonado Marzà en referencia a los docentes que pudieron incorporarse a un empleo gracias al acuerdo de 2013.

En este sentido, el responsable de política educativa del Consell ha argumentado que, "a pesar de su voluntad", de no perjudicar a nadie, el margen de actuación "no es muy grande", puesto que el tribunal sentenció que el acuerdo era ilegal.

No obstante, ha matizado que volver al acuerdo de interinos de 2010 "no quiere decir que se vuelva a las puntuaciones de 2010". "Como no podía ser de otro modo —ha proseguido— se computarán los méritos (acumulados) y, por lo tanto, su lugar en la bolsa determinará si pueden trabajar".

Los datos que maneja la Conselleria es que, "de las personas afectadas por la ejecución de la sentencia, la mayoría de ellas trabajarán a lo largo del curso". "Nos gustaría que no fueran perjudicados, pero pensamos que la mayoría de ellos irán trabajando a lo largo del curso, de manera que los perjuicios se minimizarán", ha augurado.

Por otra parte, Marzà ha aludido a uno de los proyectos puestos en marcha por su predecesora en el cargo, los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS), colegios para cuya construcción se utiliza suelo público cedido por la Generalitat durante 75 años a entidades privadas.

Preguntado por si esta iniciativa va a desaparecer, ha señalado que "ese es el debate de hasta qué punto tienes herencia y hasta dónde puedes marcar tú". "Nosotros tenemos nuestra línea clara: no nos gustan los CIS y no vamos a fomentar que continúen adelante, porque pensamos que los terrenos públicos han de servir para uso público y no para empresas, tengan la catalogación que tengan".

Con esta premisa, en la Conselleria están analizando "hasta qué punto se pueden parar" los CIS para que "eso no vaya adelante". "Pero estudiaremos caso por caso, porque están involucrados los ayuntamientos y, depende de lo avanzado que esté, podremos hacer una cosa u otra", ha aseverado Marzà, que ha insistido que para él el de los CIS "no es un modelo a fomentar, todo lo contrario, sino para paralizar porque es un ejemplo de mala gestión de los recursos públicos".