El Gobierno de Cantabria se pondrá a trabajar en la modificación o incluso derogación de las medidas de la Ley 2/2012 de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha comprometido este martes el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, en la reunión que ha mantenido con los sindicatos de la función pública con representación en los diferentes órganos de la administración regional (UGT, CCOO, SIEP, CSI-CSIF y TÚ).

Aunque ha reconocido que la decisión depende del Consejo de Gobierno, el titular de Presidencia ha confiado en que "en mayor o en menor medida" se hará esa modificación o derogación de la ley porque "es de sentido común y de pura lógica".

De la Sierra ha indicado que todas las medidas de esa ley, que restaron y limitaron derechos a los empleados públicos, "en este momento, dada la evolución de la sociedad y de la situación económica y financiera, no tienen sentido".

Con ello, el consejero apuesta por "dignificar y dar su auténtico valor" a los trabajadores de la función pública de la Comunidad Autónoma devolviéndoles los "derechos perdidos" en los últimos años.

Así, ha citado que aquella ley eliminó "los famosos moscosos" y limitó la incapacidad laboral o la cobertura de los puestos de trabajo, lo que redujo "el peso de la función pública y los derechos de los trabajadores funcionarios y laborales".

En este sentido, se ha comprometido a tomar "medidas de inmediato" en "temas urgentes" relacionados con esos derechos, en concreto en asuntos como la incapacidad laborales o los horarios, que se empezarán a abordar en las diferentes mesas.

Situación "preocupante"

El consejero ha apuntado que la situación de la función pública es "preocupante" porque "hay muchos temas que están por abordar" y ante los cuales todos los sindicatos han puesto encima de la mesa sus demandas "tanto a corto como a medio plazo".

Esas demandas se han analizado en el encuentro en el que, además del consejero, también han estado presentes las directoras generales de Función Pública, María Eugenia Calvo, y del Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC), Marina Lombó.

Entre ellas, De la Sierra ha destacado que los sindicatos han pedido una nueva Ley de Función Pública, un procedimiento en el que su departamento se pondrá a trabajar ya "sin perder un momento".

"Es algo que necesita un estudio en profundidad, necesita consenso y debate y un trámite tanto administrativo como parlamentario, pero en lo que empezamos a trabajar ya", ha dicho.

"privatizaciones" y oferta de empleo

También se ha hablado de las "privatizaciones" de servicios, en donde determinadas funciones y competencias de los empleados públicos pasaron a manos privadas "en perjuicio" de la prestación de los mismos.

En este sentido, De la Sierra ha detallado que los sindicatos han expresado su "preocupación" por la situación de servicios como Carreteras, Montes o el ciclo del agua, "privatizaciones que todos conocemos".

"No cabe duda que suprimir la colaboración con la empresa privada es imposible y no tendría sentido, lo que se estaba haciendo era una huida hacia la privatización", ha considerado el consejero.

Al respecto, ha señalado el contrato de colaboración público-privada para concluir las obras del Hospital Valdecilla como el "ejemplo paradigmático" de lo que es "una privatización mal entendida".

A su juicio, hay que "poner freno a esa especie de furor que había por privatizar" porque, ha dicho, "la gestión privada no supone, como se ha intentado trasmitir, más eficiencia o menor costo".

Además, los sindicatos han criticado la oferta de empleo público planteada por el anterior Ejecutivo del PP y han hecho propuestas sobre cómo debería llevarse a cabo.

"reivindicaciones históricas"

Por su parte, el presidente del comité de empresa del Gobierno de Cantabria, Carmelo Renedo (CCOO), ha manifestado que los sindicatos han planteado a De la Sierra sus "reivindicaciones históricas" de "carrera profesional, recuperación de derechos o dignificación del empleado público".

"Entendemos que ha llegado el tiempo de los empleados públicos", ha ensalzado Renedo, tras cuatros años de "malestar" con el Gobierno del PP porque "tanto los funcionarios como el personal laboral hemos sido los más olvidados dentro del ámbito de la administración".

A su juicio, el nuevo Ejecutivo "no lo tiene muy difícil" ya que, de inicio, ya está recibiendo a los sindicatos cuando los 'populares', ha lamentado, "nos tuvieron la puerta cerrada durante sus cuatro años de Gobierno".

En este primer encuentro, el presidente del comité ha indicado que los sindicatos "pocos tenían que explicar" al equipo del Presidencia porque "ellos han sufrido en sus propias carnes los recortes y el avasallamiento" que los empleados públicos "hemos padecido durante los últimos cuatro años".

De las reivindicaciones planteadas, hay algunas que se pueden abordar "ya", otras que requieren un "desarrollo a medio plazo" y en otras será necesario establecer "un acuerdo de legislatura". "Los funcionarios esperamos que, cuando finalice este mandato, la función pública del Gobierno haya vuelto al sitio en el que le corresponde estar", ha dicho.

Entre las primeras medidas que en su opinión se podrían abordar e incluso encajar en los próximos presupuestos, estarían la incapacidad temporal, la oferta pública de empleo o los concursos para funcionarios y empleados laborales. "Todo ello se puede ir corrigiendo con voluntad de negociación y por ello nos vamos a emplazar para el mes de agosto", ha indicado Renedo.

En estos momentos, la administración regional cuenta con uno 5.000 empleados entre funcionarios y laborales, ya que el Gobierno ha perdido "unos 600 puestos de trabajo" en la última legislatura, según ha denunciado el presidente del comité, que también ha señalado que también ha desaparecido "más de 1.000 contratos temporales".