Tres miembros de las familias acampadas ante una sucursal bancaria de Coria del Río (Sevilla) para la renegociación de sus hipotecas han acudido al Juzgado de Instrucción número 14, para declarar en una vista previa tras haber sido denunciados por presuntos delitos de ocupación ilegal y coacciones. La causa derivaría del encierro protagonizado por estas personas de Coria, Camas, y Sevilla en una sucursal de la capital andaluza, para reclamar soluciones a sus casos.

Una de las protagonistas de la protesta ha manifestado a Europa Press que los acusados se presentaron a la vista previa convocada el pasado 6 de julio por el Juzgado, para dar su versión de los hechos, que "obviamente era contraria a la del banco".

Y es que según su testimonio, tras su encierro en la citada sucursal del banco Santander les llegó una denuncia por presuntos delitos de ocupación ilegal y coacciones, a pesar de que los responsables que trataron con ellos en el banco les manifestaron su intención de "no denunciar el suceso".

Además, esta afectada afirma que ningún miembro de la entidad bancaria se ha puesto en contacto con ellos desde que tuviera lugar un diálogo en la entidad bancaria el mismo día de la "ocupación", y asegura que "no se han propuesto soluciones, ni se ha intentado un acercamiento por parte del banco".

Cabe destacar que este martes se cumplen 85 días desde que las familias afectadas decidieran acampar delante de una sucursal bancaria de Coria. Estas cuatro familias; una de Coria, una de Camas y dos de Sevilla, concertaron préstamos hipotecarios con la entidad financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), para la adquisición de sus viviendas, pero se habría tratado de hipotecas "basura" cuyo posterior impago como consecuencia del deterioro de sus economías domésticas ha revelado los "abusivos" términos de tales préstamos hipotecarios.

La letra pequeña

"Se han hipotecado en muchos casos más de una vivienda, por lo que ahora las familias no sólo perderían la vivienda por la que se hipotecaron (como consecuencia de los impagos), sino además las de sus familiares que pretendían ser sus avalistas y que ellos convirtieron en hipotecantes con sus famosas hipotecas puente o doble garantía", enfatizaban.

En ese sentido, estas familias acusan a UCI de "vender productos financieros tóxicos que muchas veces se han colocado a personas que no cumplirían los requisitos técnicos adecuados para contraer un préstamo". "A estos afectados se les han concedido préstamos casi sin solicitarles información de su vida laboral ni documentación, requisitos por los cuales en otras entidades les habrían denegado préstamos", avisan.

Tras "más de dos años y medio" intentando alcanzar un acuerdo con UCI para una salida negociada a cada uno de los cuatro conflictos, estas familias comenzaron hace casi tres meses una "acampada indefinida" ante una sucursal bancaria de la calle Cervantes de Coria del Río, en demanda de soluciones. Dentro de su campaña de protestas, los afectados celebraron recientemente una concentración a las puertas de una de las principales sucursales bancarias del centro de Sevilla capital, al tratarse de una entidad bancaria que participa de la financiera Unión de Créditos Inmobiliarios.

Fruto del "encierro" protagonizado por tres de sus miembros en esa céntrica sucursal bancaria y de una denuncia posterior, devendría la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número cuatro, según los afectados, que defienden que se trató de una protesta plenamente "pacífica".