El instructor del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en el Tribunal Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, ha acordado unir a la causa el atestado donde la Guardia Civil destaca la participación del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el único imputado que mantiene su escaño en el Congreso, en la concesión de una subvención de 1,8 millones a la fábrica de loza sevillana Pickman La Cartuja "eludiendo" la ratificación del Consejo de Gobierno, que era el "procedimiento legal establecido" al ser superior a 1,2 millones.

En una providencia fechada el pasado 15 de julio, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado da cuenta de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha adjuntado testimonio del atestado elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla relativo al estudio de diversas ayudas concedidas "en forma de subvenciones" a la empresa Pickman, por lo que acuerda unirlo a la causa y entregar copia a las partes personadas en este procedimiento.

En un atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes destacan que la Junta de Andalucía habría concedido a Pickman varias ayudas o subvenciones "que pudieran vulnerar o infringir la legalidad vigente en el momento de su concesión-adjudicación y aplicación".

Centrándose en la subvención de 1,8 millones de euros, ponen de manifiesto que "desde el principio se concede y se acuerda" en el protocolo de colaboración suscrito el 1 de diciembre de 2003 por el propio Viera y por Emilio Portes, en representación de la empresa, en el que se especifica que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico se compromete a conceder a Pickman dicha ayuda "en concepto de adecuación inmediata de las instalaciones y maquinaria y utillaje", de manera que "se articularían los protocolos oportunos para abonar dicha cantidad en cantidades iguales en 2004, 2005 y 2006".

El 29 de enero de 2004, se produjo la firma de un convenio de colaboración suscrito por la Dirección General de Trabajo y el antiguo IFA por el que "se encomienda a este último la ejecución de los compromisos asumidos por la Consejería, a favor de la empresa subvencionada", siendo firmada dicha 'adenda' por Francisco Javier Guerrero y por el entonces director general del IFA, Francisco Mencía.

Ese mismo día, según los agentes, "se envía una carta" desde la Dirección General de Trabajo, firmada por Guerrero y dirigida a Emilio Portes, "en la que se le comunica a este último que se ha tramitado todas las ayudas y subvenciones, del referido protocolo firmado el 1 de diciembre de 2003, para que sea aprobado por el Consejo Rector de IFA del día 30 de enero de 2004, entre las que se hace referencia a una primera anualidad de 600.000 euros, del convenio de 1,8 millones".

Subvención "troceada"

El 30 de enero de 2004, y en la sesión ordinaria del Consejo Rector del IFA, "presidida" por Viera, "se ratifica la firma del convenio" suscrito por la Dirección de Trabajo y el IFA a través del cual se concedían una serie de ayudas a Pickman, entre las que figura la de 1,8 millones, señalan los agentes, que añaden que "para la materialización final de la misma, esta subvención debía de ser autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta", pues "todas aquellas ayudas o compromisos que sobrepasaran la cantidad de 1,2 millones debían de ser aprobadas por el Consejo Rector y ratificadas por el Consejo de Gobierno".

"Dicha subvención no ha recibido el beneplácito" de la Comisión de Viceconsejeros reunida el 25 de febrero de 2004 "debido a que la misma fue rechazada, por lo que no fue visto ni aprobada dicha subvención de 1,8 millones por el Consejo de Gobierno, condición ineludible y obligatoria para conceder dicha cantidad de dinero, al superar los 1,2 millones", ponen de manifiesto los agentes.

La Guardia Civil relata que, "inmediatamente a su rechazo por el consejo de Viceconsejeros, concretamente cuatro días después, Viera y el representante de la empresa firman una nueva 'adenda' al protocolo de 1 de diciembre de 2003 "donde se hacen constar los fraccionamientos de la subvención en cuestión", todo ello, según los agentes, "para que la misma no se entienda como una única subvención por valor de 1,8 millones, sino de tres partidas distintas e individualizadas pero concedidas todas ellas para el mismo fin, esto es, adquisición de maquinaria y utillaje".

"rocambolesco tránsito" de la subvención

Finalmente, y tras firmar la Dirección de Trabajo y el IFA la 'adenda' al convenio de colaboración del 29 de enero de 2004, la subvención queda "troceada" en tres ayudas de 625.000 euros para 2004, 600.000 euros para 2005 y 575.000 euros para 2006, sostienen los agentes, que dicen que "no se entiende que dicha subvención haya sido objeto de tan rocambolesco tránsito para finalmente ser concedida nuevamente".

La subvención fue "maquillada", zanja la Guardia Civil, que considera que "dicha articulación de cláusulas y apartados conseguirá, como resultado final, que dicha subvención en concreto no tuviese que pasar por el Consejo de Gobierno, previo paso por el llamado 'Consejillo', órgano este que finalmente rechaza la subvención en esos términos", quedando la misma para su concesión "dentro del ámbito competencial de la Consejería de Empleo, de una forma y manera, cuanto menos, alegal".

"Con todo ello, se puede predecir de una forma y manera lógica y coherente que la intencionalidad de los responsables y con 'competencia' para la concesión de la subvención, así como los responsables de la ejecución y encomienda de la misma, no es otra que supuestamente la de eludir dicho 'control, fiscalización y ratificación' de la misma por el Consejo de Gobierno, debido a la cuantía de ésta", aseveran los agentes.

Normas "trazadas o preestablecidas'

A su juicio, "en la sucesión de las ayudas concedidas con los fondos de la partida 31L debían de concurrir unas normas 'trazadas o preestablecidas' por las que éstas no debían de sobrepasar el ámbito competencial de la Consejería de Empleo y del IFA".

La Guardia Civil concluye que, en la "elaboración, trámite y concesión" de la ayuda participaron Viera, Guerrero, Francisco Mencía, el presidente, vicepresidente, secretario y los vocales del Consejo Rector del IFA, y las personas de la asesoría jurídica que gestionaron todo lo referente al protocolo firmado el 1 de diciembre de 2003 y su posterior 'adenda'.

En el atestado, los agentes recuerdan igualmente las consideraciones aportadas por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, como la "falta de competencia" del director de Trabajo para la concesión de ayudas y subvenciones, la falta de publicidad, la "omisión" del cumplimiento de la normativa comunitaria, la falta de fiscalización de las ayudas por parte de la Junta o la inexistencia de acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.

Además de la ayuda de 1,8 millones, los agentes también analizan en su atestado una ayuda directa a Pickman de 54.091 euros para sufragar el coste del mantenimiento de las instalaciones —donde señalan que Guerrero o el exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz podrían haber incurrido en un delito de malversación—, una ayuda sociolaboral excepcional por importe de 228.538 euros —en la que atribuyen un delito de malversación al exdirector de Trabajo Juan Márquez— o ayudas sociales por valor de 6,3 millones para el pago de pólizas.