El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía entra en vigor este martes tras haber sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) su aprobación por parte del Consejo de Gobierno. Con el desarrollo de sus medidas, se protegerá el 55 por ciento de la superficie total de estas zonas en la comunidad.

El BOJA ha publicado el decreto aprobado el pasado 26 de mayo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía como último peldaño administrativo previo a la entrada en vigor de este plan, un nuevo instrumento de planificación que fija los objetivos y criterios a los que ha de atenerse el planeamiento municipal en relación con aquellos terrenos que destacan por sus valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales.

El objetivo central se orienta a garantizar la conservación y revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de protección. Este espacio, que ocupa un nueve por ciento de la superficie de Andalucía y acoge al 40 por ciento de su población, se considera un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.

El objetivo del Gobierno andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales. Durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren ocupados casi el 40 por ciento de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al siete por ciento de mediados del siglo pasado.

El documento establece medidas para evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores y los costeros; favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de ambos, y armonizar la regulación del suelo no urbanizable en los municipios costeros.

Con estas medidas se garantizará la protección del 55 por ciento de la superficie del litoral andaluz (un 86% si se excluyen los ámbito urbanos), lo que supondrá incrementar en un 50 por ciento el total preservado.

El desarrollo del plan no afectará en ningún caso al normal funcionamiento del mercado inmobiliario, ya que los municipios litorales disponen actualmente de suficiente suelo urbanizable para satisfacer las demandas de crecimiento. De hecho, en la franja de los 500 metros existe capacidad para la construcción de unas 143.000 viviendas.

Durante el periodo de elaboración del Plan de Protección, que arrancó con el decreto ley de 2012, la Junta ha mantenido la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados en los 52 municipios costeros que no tienen adaptada su normativa al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Entre otras exigencias de sostenibilidad, esta planificación básica limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30% de la población y en un 40% del territorio.

Defensa del dominio público

Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregulación que para dicho dominio —de competencia estatal— ha primado en la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central en 2013.