El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, valora las ayudas aprobadas por el Gobierno andaluz para la acreditación de competencias idiomáticas de nivel B1 o superior, pero considera necesario incluir en las mimas a aquellos alumnos que reúnan los requisitos económicos que se exigen para obtener una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aunque no hayan podido obtener dicha beca por no cumplir los requisitos académicos.

En una resolución, consultada por Europa Press, el Defensor señala que se congratula de la medida ya que para una parte considerable del alumnado "supone un esfuerzo económico importante" el desembolso necesario para acreditar las competencias lingüísticas en una lengua extranjera, un requisito, recuerda, "ineludible" para la obtención del título de Grado o Máster.

Sin embargo, a juicio de la Defensoría, la medida "adolece de algunas deficiencias" que cree necesario corregir "para evitar que se produzcan otros efectos indeseados", como, entre otras, pueda ser "la exclusión de su ámbito de aplicación de personas cuya situación económica merecería de esta protección".

Así, el Defensor sugiere a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, dirigida por Manuel Torralbo, que entre el alumnado que puede resultar beneficiario de las ayudas, se incluya a quienes reúnan los requisitos económicos que se exigen para obtener una beca del Ministerio de Educación, aunque no hayan podido obtener dicha beca por no cumplir los requisitos académicos.

Asimismo, se ha propuesto que, al igual que ocurre en las becas del Ministerio, "se elimine" de los requisitos que han de reunir las personas beneficiarias tener que acreditar que se encuentran al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, ya que "este requisito imposibilita acceder a estas ayudas a muchas personas que las necesitan por su situación de precariedad económica", asegura.

Igualmente se ha sugerido que, de cara a futuras convocatorias se permita la adjudicación y pago de las ayudas con justificación diferida, a fin de "facilitar el pago de los costes necesarios para la adquisición y acreditación de las competencias lingüísticas a personas con limitados recursos económicos".