El portavoz del Partido Popular (PP) en la Diputación de Granada, José Robles, ha pedido al nuevo gobierno de la institución provincial que presente un recurso de casación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la ordenanza de la tasa de tratamiento de residuos de mayo de 2013.

Robles ha apelado a la "responsabilidad del gobierno" para que presente este recurso puesto que "la sentencia no es firme y la implantación de la tasa de tratamiento contó con el beneplácito de técnicos, interventor, secretario y tesorero de la institución, que avalan su aplicación", ha señalado.

El portavoz 'popular' ha hecho alusión a la intención del actual equipo de la Diputación de aprobar un dictamen en relación a la tasa de tratamiento de residuos y ha asegurado que "lo tienen con los informes favorables de los técnicos de mayor rango de la institución provincial" aunque ha dudado que el nuevo presidente, José Entrena, "tome como primera medida llevar a la Diputación a la inestabilidad presupuestaria si no se garantiza que la basura se siga tratando".

A juicio del portavoz del grupo del PP, lo más "sensato y responsable" es presentar dicho recurso de casación ante el Tribunal Supremo y se ha referido a una sentencia previa "en la que el Supremo da la razón al Ayuntamiento de Madrid ante un caso similar al de la Diputación de Granada" por lo que, según sus palabras, "es bastante probable que también dictaminara de forma favorable ante el recurso de la institución provincial".

En este sentido, ha recordado que la ordenanza ahora anulada por el TSJA fue derogada por el gobierno provincial en diciembre de 2013 y que la tasa que ahora mismo se aplica no tiene recurso alguno en contra "aunque hay que reconocer que la actual recoge elementos que sí se juzgan como es el valor catastral.

Aunque la sentencia no dice en ningún momento que no sea un sistema correcto para calcular la tasa de tratamiento de residuos, lo que sí indica es que la elección del valor catastral como criterio a seguir no está formalmente documentado en el expediente", ha subrayado José Robles quien ha aclarado que "el valor catastral es, a su juicio, el segundo sistema más justo para establecer la tasa porque pondera la capacidad económica de los contribuyentes" siendo el primero "calcular los residuos que genera cada vivienda, pesando la basura en cada uno de los domicilios de la provincia de Granada, algo completamente utópico".

La Diputación de Granada, bajo el mandato del Partido Popular, aplicó en julio de 2013 la tasa de tratamiento de residuos para contrarrestar la "monumental" deuda que acumulaba la extinta Resur, consorcio gestor de los residuos en la provincia de Granada, de 25 millones de euros en el año 2011, "y que hubiera alcanzado los 40 millones de euros al finalizar el mandato de no haberse tomado medida alguna".

Robles ha recordado que fue la Intervención Provincial quien advirtió al entonces presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, que de no tomar medidas se podía incurrir en un delito de responsabilidad penal y la decisión de implantar una tasa provincial nació fruto de un estudio previo sobre cómo se gestionaba el servicio público en Andalucía y otras comunidades, donde la tasa era el sistema que se aplicaba en la gran mayoría.

"Las ordenanzas no las hacen los políticos sino los técnicos", ha apostillado José Robles en relación a los informes favorables con los que contó la tasa por parte de funcionarios "además de con una sentencia del Tribunal Supremo que avala el sistema que acoge la Diputación Provincial".