La Conselleria de Sanidad dará cobertura sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular que lleven al menos tres meses empadronados en la Comunitat Valenciana, que se calcula que ascienden a 30.000, y que incluirá, además de la cartera común básica de servicios, la asistencia especializada en hospital y su tratamiento farmacológico, así como la prescripción de medicamentos y prestaciones ortoprotésicas.

Para ello, a partir del lunes el Sistema de Información Poblacional (SIP) incorporará los cambios necesarios para poder incluir a estos nuevos beneficiarios y a lo largo de la semana se trasladará esta instrucción a los centros de salud para que les incorporen y les asignen un facultativo de medicina general a cada titular.

Así, lo ha explicado este jueves la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en rueda de prensa acompañada del presidente de Médicos del Mundo de la Comunidad, Rafa Sotoca, y del presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Álvaro Bonet, que ha recalcado que ha adoptado este primera medida a las dos semanas de su toma de posesión porque la sanidad universal es "innegociable" para el Gobierno valenciano y es "un derecho que no se puede fragmentar".

Al respecto, Montón ha recalcado que con esta instrucción pretende acabar terminar con "el modelo de exclusión" impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy a este "colectivo especialmente vulnerable" mediante el decreto 16/2012 y que en la Comunitat se tiene constancia de que "incluso se llegó a facturar la atención prestada a colectivos que teóricamente estaban cubiertos", como las embarazadas, menores y las urgencias.

En concreto, el presidente de Médicos del Mundo ha apuntado que tienen datos constrastados de que desde 2012 la Conselleria de Sanidad dificultó el acceso o exigió el cobro a más de 100 menores y más de 1.000 adultos. Uno de estos casos es el cobro de 2.000 euros por una primera consulta pediátrica este mismo año. "Pero estos datos son sólo la punta del iceberg", ha alertado Sotoca.

Sin embargo, esta situación "se acabó en la Comunitat Valenciana", ha subrayado Montón. Por ello, ha aprobado este instrucción para agilizar la aplicación de la sanidad universal sin excepción, que posteriormente será regulada por una norma aprobada por el Gobierno valenciano y que ha descartado que suponga un conflicto de competencias con el decreto aprobado por el Ejecutivo central. Además, en el próximo Consejo Interterritorial exigirá al Gobierno de Rajoy la derogación de este decreto.

Montón ha argumentado que la aplicación de esta medida no supondrá un gran inversión dado que se trata de un colectivo joven y sano que apenas hace uso del sistema sanitario. Además, ha destacado que para la administración resulta "más barato" la prevención y la asistencia primaria que la cobertura de las urgencias o cuando la enfermedad ya está desarrollada.

En cualquier caso, ha subrayado que se trata de una medida en la que no se mira el coste económico sino el beneficio para la salud porque para el nuevo Gobierno valenciano "no hay ciudadanos nacionales y extranjeros".

De hecho, el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Álvaro Bonet, ha expuesto que el Gobierno de Rajoy defendió el decreto por unas "razones económicas que nunca llegó a justificar" ya que no han presentado ninguno estudio que avale el ahorro de esta exclusión.

Además, Montón ha indicado que si los afectados por el decreto fueron 100.000, en estos momentos se calcula que los beneficiarios de esta medida se han reducido a 30.000 por la salida de inmigrantes debido a la crisis económicas y los que ya han regularizado su situación. Por ello, ha considerado que no será necesario ampliar la plantilla teniendo además en cuenta que la incorporación será paulatina.

Proceso y requisitos

Los inmigrantes podrán solicitar esta tarjeta en el centro de salud más próximo a su domicilio y se les proporcionará una tarjeta en el momento en que presenten los documentos acreditativos de que cumplen con las condiciones requeridas que será provisional, que se prevé que a los tres meses sea definitiva.

Los requisitos para ser el titular de una tarjeta son ser extranjeros mayor de edad y no tener cobertura sanitaria ni en España ni por parte de un seguro sanitario, una mutua o un tercer país al que se puede facturar por la atención. Además, los beneficiarios de la tarjeta deberán acreditar una residencia efectiva mínima previa en la Comunitat Valenciana de al menos tres meses.