La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido este martes en Santander reducir "lo más posible" el número de asesores, adjuntos y personal contratado en las Administraciones Públicas y contar solo con funcionarios porque, a su juicio, son los que "conocen la legalidad, son independientes y pueden advertir de una buena o de una mala acción y administración".

De esta forma, ha incidido en que las Administraciones Públicas "tienen la obligación de responder y de dar la información sin ninguna clase de dudas, salvo en casos en los que por razones de materia de defensa, de seguridad personal y en circunstancias muy singulares no se deba dar información pública sobre algún dato o alguna persona, evidentemente".

"La información de las Administraciones tiene que ser rápida, clara y transparente, tiene que entenderse. A mí me parece que la información, la transparencia y los buenos usos en ayuntamientos y comunidades utilizando los servicios de funcionarios, de personal público cualificado, son todas cosas que van a redundar en beneficio de los ciudadanos", ha manifestado.

Así, y preguntada por los medios de comunicación acerca de la Asamblea en defensa de la Senda Costera de Santander y de la falta de respuesta por parte de la Administración a las peticiones del Defensor del Pueblo, Becerril ha asegurado que en estos casos, "tras un tercer requerimiento, entendemos que es desobedecer al Defensor y eso lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía, que es la que actúa".

"Y en el momento en que lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía, se ponen todos nerviosos y contestan", ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación después de intervenir en el encuentro 'El Derecho frente a la corrupción II', que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander..

De esta forma, Becerril ha asegurado que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy "supone un paso adelante en la buena senda para dar al ciudadano la información de todas las cosas que le pueden afectar", pero ha afirmado que "necesitamos mucha escuela, mucha formación" porque los niños, jóvenes y universitarios "deben saber aquello que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que está bien y lo que está mal".

Así, ha aclarado que "no hay actuaciones mágicas", por lo que "todos tendremos que acostumbrarnos a cumplir con esa ley y a algo que he comentado: no solo es la ley, son los hábitos de todos".

Importancia de mostrar los contratos públicos

Cuestionada también acerca de la percepción que tiene sobre la preocupación ciudadana acerca de la corrupción, Becerril ha admitido que "sería absurdo negar" que existe esta preocupación y ha indicado que "se está haciendo cosas para que se rebaje, sobre todo dando información y respondiendo, como he dicho, utilizando correctamente a la función pública y después publicando esas informaciones en los ayuntamientos, comunidades y en la Administración Central".

Así, ha defendido la importancia de mostrar "los contratos que se hacen, cuáles son las empresas y cuántas han concurrido para, por ejemplo, un contrato de mantenimiento de telefonía o de informática, por cuánto se ha adjudicado, quién ha sido el ganador, el importe o las anualidades correspondientes", tal y como hace la figura del Defensor del Pueblo con sus actividades, tal y como ha destacado.

"Todo esto me parece que es fundamental y evita suspicacias y sospechas. Y evita también acusaciones infundadas", ha apostillado ya que, en su opinión, "hay muchos casos de acusaciones infundadas" que se convierten después en que hay personas imputadas "y esa persona, que puede ser absuelta al cabo del tiempo, se convierte en una víctima porque el término imputado para muchas personas supone el que ya ha cometido un delito y está sentenciado, cuando no significa más que va a ser investigado".

Por ello, ha considerado que el cambio del término imputado por investigado "puede traer un poco de tranquilidad" porque la imputación "no quiere decir que recaiga sobre ella ninguna sentencia ni ningún juicio".

Crímenes de eta y delitos de odio

Previamente, en su intervención en el encuentro, Becerril ha opinado que la decisión de la Audiencia Nacional de admitir la querella de la Asociación Dignidad y Justicia para investigar los crímenes de ETA como de lesa Humanidad "abre la puerta para poder juzgar no solo a los autores materiales de los crímenes, sino también a sus autores intelectuales".

Además, ha comentado que en los últimos meses "han aumentado las quejas por manifestaciones o expresiones de odio en las redes sociales" y ha advertido de que algunos comentarios pueden ser "muy graves" porque "tras la banalización de unos hechos, lo que viene o vendrá es el olvido", según informa el organismo en un comunicado.