El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), quiere adecuar en este mandato el papel de Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) a las necesidades "nuevas y reales" que ahora tienen los cordobeses, las familias con dificultades económicas, con pocos o nulos ingresos, y que han de afrontar situaciones como "la pobreza energética".

En una entrevista concedida a Europa Press, Antonio Ruiz, quien también preside el IPBS, ha dicho que este instituto "ya está jugando un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con la ayuda a domicilio y las políticas de Dependencia, en primer lugar, pero también en relación con medidas de urgencia social, como pueden ser los contratos sociales, las ayudas de emergencia y la colaboración con las distintas asociaciones de la provincia que están realizando una destacada labor social, cada una en su sector".

Pero, al margen de ello, Ruiz entiende que es necesario "acercar, todavía más, ese papel social del IPBS" a los ciudadanos y "adecuarlo a necesidades nuevas, a necesidades reales y acuciantes que estamos viendo que afectan a muchas personas en estos últimos años, que tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza energética, pues, hoy en día, para una familia con ningún ingreso o que cobre una prestación mínima, de algo más de 400 euros al mes, el pago de un recibo de la luz normal le supone una parte muy importante de esos ingresos".

Eso conlleva "el peligro que haya familias de que no puedan, prácticamente, ni darle al interruptor para encender una bombilla", y menos aún para "encender una estufa" en invierno, o un aparato de aire acondicionado en verano, lo que lleva a "un tipo de marginación social", que el presidente de la Diputación entiende que hay que combatir y en el que se incluye a quienes no pueden pagar "servicios básicos, como la luz y el agua".

"Ante esas necesidades —ha subrayado Ruiz— las políticas sociales tienen que adaptarse", para dar la mejor respuesta posible y, en este contexto, desde la Diputación, "nuestra principal herramienta de desarrollo de políticas sociales, que es el IPBS, tiene que estar también enfocado hacia esas necesidades, que, si bien son nuevas, no dejan de ser un problema importante para las familias más desfavorecidas" de la provincia.

En este sentido, el presidente de la Diputación entiende que el IPBS tiene que "poner su granito de arena, también para luchar contra esa pobreza energética, contra esa marginación y asegurar que esos servicios, que son básicos y muy necesarios para la población, pues estén garantizados para todas las personas, independientemente de los ingresos que tengan".

Ejecutar el presupuesto

La intervención del Instituto Provincial de Bienestar Social en este nuevo escenario, según ha reconocido Antonio Ruiz, supone "un coste", pero que se puede afrontar si se tiene en cuenta que "el IPBS ha liquidado su presupuesto en ejercicios de este pasado mandato", bajo gobierno del PP, "con hasta tres millones de euros de remanente positivo", algo que "no es de recibo en estos tiempos que corren, con las necesidades que tienen las familias cordobesas".

Para que no se repitan situaciones como esa, según ha argumentado el presidente del IPBS, "la clave está en hacer un presupuesto que realmente esté ajustado a las inversiones y a las políticas que se quieren desarrollar y luego, durante todo el año, realizar un seguimiento de su estado de ejecución, para que al final no te encuentres con partidas que no has gastado y que supongan un montante tan importante, como el de estos años pasados".

A este respecto, Antonio Ruiz ha dicho que "es verdad" que los remanentes presupuestarios han servido en pasados ejercicios "para liquidar deuda de la Diputación, lo cual, además, viene marcado por Ley", pero, según ha subrayado, él "habría preferido que ese dinero se hubiese destinado, cuando correspondía, en su momento, a paliar las necesidades reales de las familias que peor lo están pasando en estos tiempos de crisis".