Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentará una moción en el próximo Pleno para que el Ayuntamiento de Segovia suspenda sus relaciones con Bankia hasta que se recupere el Torreón de Lozoya, el inmueble más emblemático de la extinta Caja Segovia, hoy propiedad de la Fundación heredera de la entidad e hipotecado por una deuda tributaria.

La portavoz en el Consistorio, Luciana Miguel, ha explicado este viernes en rueda de prensa que a través de la iniciativa su partido solicitará que el Ayuntamiento deje de firmar acuerdos o convenios con la nacionalizada, pues considera que aceptar dinero para el desarrollo de proyectos municipales, máxime cuando existen otras fuentes de financiación, constituye una complicidad en el "lavado de imagen" de la entidad.

Para la formación magenta, personada en el caso del Torreón como acusación, Bankia debió asumir la deuda una vez Caja Segovia le traspasó su negocio financiero a consecuencia de la integración.

Tal deuda fue adquirida por la sociedad Navicoas Asturias, participada por la entidad de ahorros, por una operación inmobiliaria de 2006 en la que se detectaron irregularidades. En 2012, el Consejo de Administración de la Caja acordó solicitar al Banco Financiero y de Ahorros (BFA)-Bankia un crédito de 6,8 millones para cubrir la cantidad y, entre otros inmuebles, ofreció como aval el Torreón medieval, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

En marzo de este año el Juzgado número 5 de Segovia imputó a la nacionalizada por posible delito de administración desleal, tal y como había solicitado UPyD, si bien recientemente la imputación ha sido revocada por el juez, ya que por ley el delito de administración desleal no puede ser cometido por una persona jurídica, como es el caso de Bankia, según argumentó el representante legal de la nacionalizada.

Ahora, UPyD pretende que hasta que no se recupere el Torreón y se repare el daño el Ayuntamiento rompa toda relación con la entidad, con la que mantiene acuerdos puntuales para la financiación de proyectos culturales, entre ellos el Festival Titirimundi o la Noche de Luna Llena.

Además, según ha indicado Miguel en declaraciones recogidas por Europa Press, el partido magenta, con representación también en la Diputación de Segovia y en varios municipios, no descarta iniciativas conjuntas en el mismo sentido en la provincia como una forma de ejercer mayor fuerza.

Segunda moción

En el próximo Pleno, la edil de UPyD presentará otra moción para conocer la postura del resto de grupos sobre su solicitud de que el Ayuntamiento se persone en los casos de la Caja, tanto en el del Torreón como en el referente a las retribuciones millonarias a directivos.

La personación fue la condición que puso la formación magenta para apoyar la investidura de Clara Luquero (PSOE) como alcaldesa. Los socialistas la rechazaron, por lo que la posición de este grupo ya es conocida por Luciana Miguel, que quiere ahora recabar la disposición y la voluntad del resto de partidos: PP e IU. "Esperamos convencer con nuestros argumentos de que la oposición también puede condicionar la presencia institucional del Ayuntamiento de Segovia en algo que nos parece que es lo más grave que ha pasado en toda la provincia", ha manifestado la portavoz.

Miguel ha insistido en la importancia de que el Consistorio tenga presencia en los procesos, no solo por el papel que este debe tener en la defensa del interés general y por la necesidad de que se repare el daño a los perjudicados, sino también por el "perjuicio" que aun hoy hay hacia la ciudad por la incapacidad de la Fundación Caja Segovia de ejercer la función que le corresponde como heredera de la antigua Obra Social de la entidad, precisamente por estar gravada por un crédito que le "absorbe prácticamente todos sus recursos económicos".

Recurre el auto

Miguel ha explicado en la rueda de prensa por otra parte que UPyD ha presentado este viernes un recurso al auto por el que quedaba sin efecto la imputación de Bankia en el caso del Torreón, dictado el pasado 7 de julio.

En su recurso, la formación magenta no cuestiona la imputación de la nacionalizada, pues asume que la norma penal no lo permite, aunque sí insta al juez a considerar que ha habido una participación al menos a título lucrativo, es decir, que por la comisión de un delito de otros Bankia tuvo un beneficio. De aceptarse el recurso, UPyD cree que existen posibilidades de reclamar a esta la cantidad que ha percibido hasta ahora por el crédito concedido.

Luciana Miguel ha querido recalcar por otro lado que en el auto del 7 de julio aclara si procede o no el archivo de la causa, como solicitó la representación legal de algunos imputados. En este sentido, se ha congratulado de que el magistrado determina que no cabe el archivo, pues existen indicios suficientes como para sospechar que hay delito, al tiempo que indica que, ante la existencia de un delito, se pasará de una imputación genérica a una concreta de personas con nombres y apellidos.

"Esto merece una valoración política, pues nos encontramos después de las elecciones con un panorama muy preocupante, ya que en ese grupo genérico de imputados se encuentran dos personas que no han dado explicaciones ni han asumido ninguna responsabilidad política por el daño causado", ha advertido la portavoz en alusión a los diputados provinciales 'populares' José Luis Sanz Merino y Miguel Ángel de Vicente.

Luciana Miguel ha comentado al hilo de ello que uno de los posibles escenarios posibles es que en el avance del procedimiento se dicte un auto de procesamiento dirigido a ambos y ha incidido en que, si llega el caso, UPyD solicitará de manera inmediata la dimisión de ambos diputados. "Estaremos vigilantes", ha trasladado.