La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, prevé publicar antes de final de julio la Oferta de Empleo Público 2015, con unas 500 plazas, y convocar un concurso de méritos para el personal funcionario.

Montero ha anunciado esas convocatorias durante una reunión con los sindicatos que forman la Mesa General de Negociación Común de la Administración de la Junta de Andalucía, esto es, CSIF, CCOO y UGT.

A los tres sindicatos les ha anunciado que se aprobará un decreto ley, en línea con las recomendaciones del Consejo Consultivo de Andalucía, que regule la valoración del trabajo desempeñado como interino en la Administración andaluza, para que se contabilice como antigüedad, tanto en los concursos de méritos como en la promoción interna.

La aprobación de esta normativa permitirá "solventar las discrepancias que habían surgido sobre la valoración del tiempo de servicio de los interinos en los concursos, y también agilizar la tramitación de la Oferta de Empleo Público de 2013, ya que los procesos selectivos correspondientes a la promoción interna, en los que ha finalizado la fase de oposición, están pendientes únicamente de la valoración de la antigüedad en la fase de concurso".

Espera que ese decreto ley permita "desbloquear la situación del concurso de traslado de la Administración General que quedó recurrido y paralizado", y ha precisado que en el resto de sectores de la administración pública, esto es, sanidad o educación, el tiempo de los interinos se venía contando y "es una práctica que se desarrolla habitualmente". Por ello, este decreto ley en la práctica afectará a esa convocatoria de la Administración General, sobre la que hubo controversia, mientras que el resto "seguirá trabajando en la misma dirección, que es la de computar el tiempo de interino".

Ha recordado que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, que no contemplaba el tiempo de interino, "dio lugar a sentencias contradictorias y tras el dictamen al Consejo Consultivo queda claro que la directiva europea no tiene duda, pues plantea la obligatoriedad de contar el tiempo de trabajo del personal interino".

Espera que "en los próximos días se pueda empezar la tramitación en Consejo de Gobierno de ese decreto ley", algo que "no se ha podido hacer antes porque el dictamen del Consultivo se dictó cuando entramos en funciones y entonces la Junta no podía tramitar un decreto ley", algo que hará ahora para que "se puedan resolver todas las discrepancias antes de que acabe el año". Espera que el Consejo de Gobierno lo pueda aprobar en julio o en los primeros días de septiembre.

El resto de procesos selectivos de la Oferta de 2013, correspondientes a la modalidad de acceso libre, concluirán previsiblemente entre octubre (Cuerpos de Administradores) y noviembre (Administrativos y Auxiliares).

Por eso, en julio se aprobará una Oferta de Empleo Público, con unas 500 plazas, que "vendrían a reforzar, fundamentalmente, las áreas de control de los recursos públicos, de lucha contra el fraude y de mejora de la eficiencia del gasto pública y asesoramiento jurídico".

En esta reunión, Montero les ha mostrado su voluntad de "abrir una nueva etapa de impulso a la excelencia de los servicios públicos, que esté presidida por el diálogo y el acuerdo", al tiempo que ha reiterado su intención de compensar a los profesionales públicos el esfuerzo que han venido realizando estos últimos años por el obligado ajuste presupuestario.

"El Gobierno andaluz tiene un compromiso claro con los profesionales públicos en esta nueva legislatura", ha transmitido Montero a los representantes sindicales, y ha citado entre sus objetivos prioritarios, la recuperación progresiva de los derechos económicos y profesionales de los empleados que se han ido perdiendo con la crisis, así como impulsar un nuevo modelo de administración pública, potenciando la carrera profesional y desarrollando el Estatuto Básico del Empleado Público.

Para impulsar la excelencia, la consejera ha anunciado que, durante esta legislatura, se aprobará la 'Estrategia para una Gestión Pública Innovadora en Andalucía 2020', orientada a "preservar el valor de lo público, la excelencia, la eficacia, la participación y la transparencia en alianza con la ciudadanía y todos los profesionales públicos". Esta iniciativa se articulará en torno a tres ejes e incluirá mecanismos de

evaluación y rendición de cuentas. Esta estrategia permitirá "incorporar el conocimiento y la excelencia de los servicios públicos desde el ámbito directo que realiza su trabajo; podremos mejorar el trabajo cotidiano".

Recuperación de derechos

Asimismo, respecto a la recuperación de los derechos de los profesionales públicos, la consejera ha recordado que ya en las cuentas públicas para 2015 se contempla el abono de la paga adicional del complemento específico en los meses de junio y diciembre, y la jornada completa del personal sanitario. Además, ha explicado que se quiere aprovechar el presupuesto para 2016, que ahora elabora su departamento, para continuar restaurando los derechos que habían sido suspendidos temporalmente.

"Queremos abordar desde el diálogo y el consenso y el necesario pacto las retribuciones y poner el acento en cómo los empleados públicos pueden aportar ese conocimiento y ese talento en esta legislatura, algo que iremos concretando en mesas sectoriales a lo largo de las próximas semanas", ha añadido.

Otra de las apuestas de esta legislatura, que Montero ha trasladado a los sindicatos, será desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público mediante la aprobación de una Ley del Empleo Público de Andalucía, que permita llevar a la práctica medidas como la evaluación del desempeño y la carrera profesional, que potenciarán la productividad y permitirán mejorar de las condiciones de trabajo y la conciliación de la vida profesional y familiar de los profesionales públicos.

Vinculados a esta Ley, se aprobará un nuevo reglamento general de selección y carrera profesional del personal funcionario y se modificará la normativa sobre relación de puestos de trabajo, así como un nuevo Reglamento de Ayudas de Acción Social.

También en esta legislatura que comienza se aprobará una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, en línea con la regulación de la transparencia y que va a desarrollar las relaciones de empleo de los altos cargos, tanto cuando se encuentren en activo como con posterioridad a su cese.

En paralelo, se propone establecer indicadores de actuación transparentes para evaluar las políticas públicas. Tal como ha explicado Montero, "queremos evaluar si realmente estamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos y hacer rendición de cuentas, así como dar a conocer a los usuarios el esfuerzo que dedicamos a los servicios públicos a través de los impuestos".

"Los profesionales del sector público son una prioridad para el Gobierno andaluz", ha aseverado la consejera, quien espera que los profesionales "se sientan orgullosos de pertenecer a la Junta de Andalucía, y sientan un estímulo en el trabajo cotidiano que realicen, aprovechando su participación, su conocimiento para enriquecer las políticas públicas que se dirigen a los ciudadanos".

De esta forma, espera que los empleados públicos "sean actores fundamentales de la vida pública y de las políticas que se desarrollen" y para ello "calendarizarán" los diferentes instrumentos con las organizaciones sindicales y en las mesas sectoriales"

Ha precisado que existe voluntad de reunirse de manera individual con todos los sindicatos presentes en las diversas mesas generales y sectoriales. "Por mi parte no será por falta de dialogo, queremos encontrar un marco donde los sindicatos se encuentren cómodos para plantear sus reivindicaciones, que luego la Junta acomodará a sus perspectivas económicas", ha añadido la consejera.

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