La organización de consumidores Facua Andalucía ha pedido que los consumidores participen en la elaboración del protocolo para ejercer el derecho de retracto sobre viviendas objeto de desahucio y considera que

"la falta de controles reduciría a papel mojado el proyecto de Ley sobre hipotecas" de la Junta.

El primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo de Susana Díaz ha aprobado este viernes el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de retracto en desahucios de viviendas, que permitirá a la Junta ejercer el derecho de retracto en los procesos de ejecución hipotecaria llevados a cabo en viviendas libres por parte de entidades financieras.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado a Europa Press que la norma diseñada en el anterior período de gobierno le parecía "globalmente positivo", aunque considera que "había carencias que era importante resolver, pues no se puede dejar a la libre decisión de la banca cómo informar a los usuarios sobre las hipotecas".

Por ello, considera "fundamental" que "se incorpore como anexo el modelo de documento y la información extra que debe facilitar el banco al usuario cuando informe sobre el préstamo hipotecario para estar advertido de escenarios futuros".

Asimismo, ha indicado que si no se incorporan las peticiones de los consumidores, en el trámite parlamentario trasladarán sus reivindicaciones a los grupos parlamentarios para que las incorporen en el trámite.

Sánchez considera que "por muy bien que quede esta ley, tememos que la falta de mecanismos de control eficaces por parte de la Junta acabe convirtiendo la norma en papel mojado". Asimismo, lamenta que "cuando se sanciona, encima no se aplican sanciones contundentes".

De esta forma, critica que "se controla poco y cuando se detecta el fraude, las sanciones son ridículas y ni siquiera trascienden públicamente".

Sobre el derecho de retracto, Facua ha pedido "participación" de las organizaciones de consumidores en la elaboración de ese protocolo del derecho de retracto de la Junta, y ha apuntado que "nos gustaría saber según qué vivienda y el valor al que se adquiriría dicha vivienda" serían objeto de la medida.

Asimismo, sobre el contrato de confianza, Facua está "a la espera de saber quien se hace cargo de la elaboración de esas políticas de consumo, dentro de Salud".

A su juicio, "resulta chocante que la protección al consumidor, siendo algo transversal, se adscriba a Salud, pues el consumidor sólo percibirá elementos sanitarios como alimentación y salud y no se percate de que también ahí se gestionan fraudes energéticos o telecomunicaciones, por lo que estamos a la espera de saber quién asume competencias".

La federación reivindica a la presidenta Susana Díaz que "dé un giro de 180 grados en las desde hace cinco meses agonizantes políticas de protección de los consumidores y las asuma como prioritarias".

Facua Andalucía pide a Díaz que mantenga la Secretaría General de Consumo creada por el anterior gobierno y ponga en marcha una Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores. Se trataría de un organismo autónomo adscrito a la consejería de la que dependan estas políticas en el que se concentrarían esas competencias en una sola estructura administrativa, para actuar de forma global y coordinada con el resto del Ejecutivo.